El último dictamen del Observatorio de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia determina que la Comunitat Valenciana obtiene la peor nota del país con la mínima puntuación posible, un 0 sobre 10, en la aplicación de la ley.

El informe, elaborado con de los datos oficiales del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en la legislatura de Mariano Rajoy, analiza tanto la información sobre personas que han sido evaluadas y diagnosticadas como dependientes y que reciben o no las ayudas comprometidas, como la relativa a la financiación del sistema a nivel nacional y autonómico.

Tras la evaluación, doce comunidades suspenden con notas inferiores a los 5 puntos sobre 10: Galicia (4,3), Asturias (3,6), Cataluña (3,6), Extremadura (3,6), Cantabria (3,2), Navarra (2,9), Murcia (2,9), Baleares (2,1), Aragón (2,1), Canarias (0,7) y Comunidad Valenciana (0). Ceuta y Melilla, que tienen el SAAD gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tampoco aprueban, ya que obtienen un 3,2.

Entre los aprobados, seis comunidades : Castilla y León (8,6), Andalucía (7,5), País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7). Da la casualidad de que es la primera vez que Madrid aprueba en esta escala desde que se inició hace 9 años.

Según datos de diciembre de 2015, en España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, lo que supone un 2,5 % de la población. Según el dictamen, un tercio de esta población „384.326 ciudadanos„ se encuentran en el «limbo de la dependencia», es decir, no reciben prestación o servicio del sistema, aunque el informe revela que a partir de la segunda mitad del año 2015 se volvieron a producir incrementos significativos de personas atendidas, hecho que se podría atribuir a la entrada al sistema de los dependientes con Grado I. Pero el informe aporta un dato revelador: 125.000 personas han muerto esperando que llegasen las ayudas.

Las puntuaciones obtenidas muestran las desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión, lo que, a la luz de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales reclama un cambio de modelo de atención y una inyección financiera que permita a los peor puntuados, «recorrer el camino que les queda».