Si Emilio Máñez Domínguez se hubiese dedicado al fútbol jugaría en la posición de mediocentro. Un puesto clave en el equipo, pero cuya importancia es inapreciable para el espectador poco ducho en táctica y estrategia. No para la UDEF de la policía judicial, que, pese a ser un político de segunda fila, considera a Máñez «pieza esencial» en la presunta trama de pago de mordidas y sobornos por parte de Avialsa, la contratista de la extinción aérea de incendios que se ha llevado 45,3 millones adjudicados por el exconseller Serafín Castellano, agasajado por el dueño de la empresa, Vicente Huerta, con regalos de cacerías, un rifle y otros detalles. Máñez es uno de esos tipos de perfil bajo „era teniente de alcalde de Quartell„ pero su importancia fue crucial tanto en el aparato del PP de Castellano como en los negocios de la trama.
Durante un tiempo, Máñez fue el denominador común que hermanaba los dos grandes casos de corrupción que afectan a las facciones irreconciliables del PP: la que lideró Serafín Castellano y la que comandaba su enemigo Alfonso Rus. Porque el exteniente de alcalde de Quartell compatibilizó sus negocios bajo el paraguas de la trama Avialsa con un sueldo en la empresa pública Imelsa. Entre 2003 y 2007 fue uno de los asesores a sueldo de la firma de la diputación. Según información de la que dispone Levante-EMV, ocupaba plaza de coordinador adscrito al entonces diputado Francisco Huguet, exalcalde de Quartell y mano derecha de Serafín Castellano en el PP y en la comarca del Camp de Morvedre. La UCO de la Guardia Civil está investigando la relación de puestos de trabajo de Imelsa en los últimos años para detectar a los zombis, los desplazados a la diputación en una cesión ilegal de trabajadores y los enchufados en la empresa pública.
Huguet, padrino de Máñez, fue colocado en la diputación por Castellano. Luego lo colocó en Avialsa para que se encargara de las relaciones entre la empresa de Huerta y las instituciones públicas.
El exdiputado provincial, que fue también presidente comarcal del PP, y Máñez han trazado carreras políticas y personales paralelas. Cuando el pasado 29 de mayo se desplegó la operación Hispaniolus, la policía encontró 28 billetes de 500 euros en la caja fuerte que Huguet tiene en la sala de estar de su casa. Ese mismo día, los agentes de la policía judicial desplazados al Camp de Morvedre hallaron 34 billetes «Bin Laden» en una caja de seguridad que Emilio Máñez tenía alquilada en una oficina de Bankia en Sagunt. No acaba ahí la sintonía entre los dos lugartenientes del exconseller Castellano. Así, en 2007, año en el que ambos percibían sueldo de la diputación, adquirieron sendas casas en Sagunt compradas a la constructora Jedoman, que había sido favorecida por los dos ediles en un PAI en Quartell. Para esa compra, desembolsaron 90.000 euros cada uno en ingresos que la investigación considera «opacos».
Máñez añadió a esa cifra otros 40.500 euros en «efectivo metálico» de dudosa procedencia, siempre según la investigación judicial y policial. La principal mordida acreditada por la UDEF ascendió a 450.000 euros. La cobró presuntamente Máñez por haber facilitado la entrada de Huerta en el PAI Nova Alfara junto con la firma Consrocas, y por haber mediado en la venta de la condición de agente urbanizador de esa UTE a Prodaemi. El cobro de la comisión se garantizó a través de un contrato privado de reconocimiento de deuda firmado por Máñez y Prodaemi. En el registro practicado por la policía en la casa de Francisco Huguet se encontró documentación de esta empresa promotora.
