El Consell de Ximo Puig reaccionó ayer de una manera más que contundente a la intención del Gobierno del PP de que sea la Generalitat la que pague la multa de Bruselas de 18,9 millones de euros por haber falseado las cuentas autonómicas y ocultado el déficit entre los años 2008 y 2011. El jefe del Consell anunció ayer que recurrirá a «todas las medidas legales» a su alcance, incluida la denunciar por malversación y responsabilidad contable a los expresidentes Francisco Camps y Alberto Fabra, que podrían tener que responder con su patrimonio.
El presidente de la Generalitat convocó ayer una rueda de prensa de urgencia junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo. Puig se mostró muy molesto con la decisión del Consejo de Ministros en funciones del viernes que aprobó endosar la sanción de 18,93 millones a las transferencias que realiza a la Comunitat Valenciana. El jefe del Consell aseguró que «no va a permitir que este episodio de deslealtad institucional se haga crónico en el modelo de relaciones» entre el gobierno valenciano y el de España. Puig considera «insólito» que el Gobierno central no haya informado al Consell de una cuestión que «teóricamente» tendría que haber conocido, y añadió que «hemos colaborado en la medida de nuestra obligación».
El jefe del Consell defiende que la responsabilidad no es de los ciudadanos, sino de los responsables políticos que no tomaron las medidas y que ocultaron el déficit de la C. Valenciana. Este fraude repercutió en un desfase en las cuentas del Reino de España que han motivado la multa. Puig criticó que en este proceso ha habido una «connivencia política» y una «corresponsabilidad» entre el Gobierno central y el anterior ejecutivo valenciano.
Recurso al Tribunal Supremo
Puig mostró su «repulsa» a esta acción del Gobierno de España contra los intereses de los valencianos, por lo que ha anunciado que se va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y se van a llevar a cabo «todas las acciones a nuestro alcance contra todos los gestores que han producido este desfalco».
Desde esta perspectiva, Puig cree que «no se puede entender» cómo el Gobierno de España que actualmente está en funciones, «sea capaz de tomar una decisión de endosar la multa a la Comunitat durante un Consejo de Ministros» y, sin embargo, en cuestiones «fundamentales» para el funcionamiento de las instituciones como la comisión de expertos para la financiación, «no es posible» porque, precisamente, están en interinidad.
La Abogacía de la Generalitat anunció que la próxima semana se presentará un informe sobre las posibles vías legales a tomar.
