El saqueo extremo de la empresa pública Imelsa, centro de la operación Taula, ha sorprendido a propios y extraños por las barbaridades cometidas en la contratación de personal y en la adjudicación de obras públicas. Pagos de detectives, construcción de campos de fútbol a precio de oro y enchufe de militantes de los partidos en puestos de administración y brigadistas para la prevención y lucha contra incendios. Esta máquina de defraudar se amparó en la cobertura legal y jurídica de la legislación sobre empresas públicas que evita la fiscalización. Eso sí, no ampara los delitos.
El secretario de Imelsa y secretario general de la Diputación de Valencia, Vicente Boquera Matarredona, elaboró un informe que ayudó a justificar la laxitud en la contratación de personal. Así, en un documento que firmó el 26 de marzo de 2015 para avalar la contratación de 300 brigadistas aseguró: «La proliferación de este tipo de sociedades instrumentales de los entes locales (en referencia a Imelsa) ha tenido por fundamento evitar la mayoría de controles administrativos y financieros a los que está sometida la Administración Pública y en especial la legislación aplicable a la administración Pública en materia de contratos». Una verdadera constatación de para qué se han utilizado algunos de estos entes.
Esta convocatoria, que tenía el aval del secretario y el interventor, fue finalmente paralizada por el nuevo equipo de gobierno de la Diputación de Valencia tras haber sido impugnada por CC OO. La organización sindical había detectado «irregularidades», como la publicidad de las bases del concurso, que fue «casi inexistente»; el plazo para presentar las solicitudes, que fue «muy breve» y el procedimiento «sin transparencia y arbitrario».
El sindicato denunció que la convocatoria «infringía la normativa al no respetar los principios de igualdad en el acceso a empleo público». «La plantilla actual de brigadistas es totalmente necesaria, pero insuficiente para determinados periodos álgidos de actividad», criticaron.
El secretario de Imelsa llegó a percibir 1.800 euros por cada reunión del consejo de administración. Además y como contó este periódico, había que sumar a sus emolumentos los 120.000 euros que percibe como habilitado nacional. La contratación de brigadistas y administrativos está siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), dentro de la operación Taula, en la que fue detenido el expresidente Alfonso Rus.
