El acuerdo de investidura entre el candidato socialista, Pedro Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, era la crónica de una muerte anunciada, pero en su corta trayectoria ha puesto de relieve un asunto que afecta directamente a los intereses valencianos y cuyo alcance es imprevisible. La advertencia, a principios de semana, de que Ciudadanos rompería su acuerdo con Sánchez para respaldar su investidura si éste se comprometía a reparar la deuda histórica de la Comunitat Valenciana como consecuencia de la infrafinanciación tiene varias consecuencias. La más directa tiene que ver con los propios intereses de la organización valenciana que quedó a los pies de los caballos. Izquierda y derecha, sin excepción, aprovecharon para cargar con dureza contra un partido que consiguió trece escaños en las Corts gracias al efecto Rivera.
Los responsables de Ciudadanos trataron de justificar la posición del partido respecto a la deuda histórica y mantuvieron su compromiso con la reivindicación de una mejor financiación para esta tierra. No obstante, C's no tendrá fácil quitarse el estigma de partido sucursalista de Madrid. Tendrán que redefinir su estrategia si aspiran a tener política y discurso propio en el territorio, máxime ahora que una de sus caras más conocidas, Carolina Punset, ya no está.
Pero las palabras del secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, al considerar que asumir la deuda histórica era insostenible también es un aviso a navegantes de las dificultades que podría tener el Consell que preside Ximo Puig si Ciudadanos se convierte en llave de la gobernabilidad en España, ya sea apoyando (con votos o con abstenciones) al PSOE o al PP.
La posición de Ciudadanos, que nació en Cataluña como respuesta al soberanismo, respecto a las exigencias financieras de la Comunitat Valenciana, no es, en todo caso, sorprendente ya que en el ADN de este partido está no hacer concesiones de ningún tipo a las comunidades autónomas. Cabe recordar que una de las vías en las que trabaja ahora el Consell es lograr que el Estado condone la deuda contraída por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Cabe recordar que la desautorización de la dirección nacional a sus correligionarios valencianos en materia de financiación autonómica tiene, además, precedentes. En plena campaña electoral de las generales, Rivera mantuvo que la Comunitat no era la autonomía peor financiada. Aquellas palabras hundieron entonces al partido, que tuvo que hacer malabarismos para salir al paso de las declaraciones del jefe. De hecho, Ciudadanos ha tratado desde las Corts de no salirse del discurso oficial sobre la infrafinanciación. Firmó, junto con el resto de fuerzas políticas, el acuerdo que con motivo del Nou d'Octubre, promovió el presidente Ximo Puig.
Ahora bien, el problema no es, como se ha visto, la posición que se mantiene en la Comunitat, sino fuera de ella, donde realmente se juega la solución al 'problema valenciano'. Y en Madrid, se antoja complicado que los diputados de Ciudadanos voten a favor de reparar un agravio que, además de cuestionarse, costará dinero a las arcas estatales. Votar una cosa aquí y hacer otra distinta a 300 kilómetros de distancia ha sido una práctica de los partidos centralistas como PP y PSOE.
De hecho, es evidente que un gobierno sin Ciudadanos y de fuerzas progresistas (una especie de redición del acuerdo del Botànic) no es garantía de que el 'problema valenciano' esté en la agenda política, pero a priori la capacidad de presión será mayor, sobre todo, si los votos de Compromís son claves. Ahora bien, tras el fracaso de la investidura de Sánchez, todos los escenarios están abiertos, incluido el de una nueva convocatoria electoral.
Qué resultado obtendrá Ciudadanos en unos nuevos comicios y qué peso específico podría tener en un futuro Gobierno es una incógnita. En todo caso, todo apunta que Rivera puede ser un muro más con que se tope la reivindicación valenciana.
