La bala que el Ministerio de Hacienda guarda en la recámara para atar en corto a las autonomías que no cumplen con la ley de estabilidad (caso de la Comunitat Valenciana) se ha topado con el Tribunal Constitucional, que ayer dejó claro en una sentencia que el Estado no puede sin más retener parte de las transferencias que corresponden a las autonomías en concepto de financiación.
El alto tribunal se pronuncia sobre un recurso contra la ley de la Administración local y declara la inconstitucionalidad de una disposición que fijaba que todos los convenios en los que una comunidad delegara competencias o asumiera obligaciones financieras con los municipios debía incluir una cláusula de garantía que autorizara al Estado a aplicar retenciones en las transferencias a las comunidades por aplicación del sistema de financiación.
Los magistrados entienden que esa previsión incide en el sistema de financiación y entraría en una materia reservada a la ley orgánica. Ahora bien, el tribunal señala que su contenido vulneraría, además, la autonomía financiera de las Comunidades Autonómicas garantizada en la Constitución (art.156.1) y en los Estatutos de Autonomía. El TC cita jurisprudencia, en concreto una sentencia de 2007 para afirmar que la financiación es un «instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política que exige la plena disposición de los medios financieros precisos para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las funciones encomendadas».
Añade que la vulneración se produciría porque la extinción de deudas se produciría «al margen de la voluntad de las administraciones autonómicas en contra del principio de cooperación, que debe regir las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas». Aunque la sentencia está circunscrita a la ley de Régimen Local, su reflexión sobre la incautación de transferencias podría ser extrapolable y servir de parapeto al Consell si en algún momento Hacienda intenta sancionar a la Generalitat.
En estos momentos, el ministro en funciones Cristobal Montoro podría apretar las tuercas al Consell por varias cuestiones. La principal es por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria sobrepasando el déficit permitido, una circunstancia a la que el Consell está abocado como consecuencia de la infrafinanciación. Con la ley en la mano, Montoro podría intervenir las cuentas y retener dinero. También podría aplicar este correctivo por vulnerar reiteradamente los plazos de pago a proveedores.
En última instancia, el Gobierno también podría retener dinero de las transferencias si la Generalitat sigue negándose a pagar la multa de la Union Europea por el falseamiento de los datos del déficit en tiempos del PP. El Consell podría alegar que está atentado contra su autonomía financiera, como apunta la sentencia del Tribunal Constitucional.
