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Crisis interna

Las líneas rojas dividen al partido

La mano dura de Bonig para salvar la marca ya encuentra contestación interna y quienes cuestionan la estrategia - Císcar y Ortiz tiran de la presidenta para que no dé un paso atrás

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, nunca fue, en época de Alberto Fabra, una forofa de las líneas rojas. Junto con otros muchos era partidaria de aplicar el sentido común y estudiar caso por caso. Eso sí, nunca las cuestionó abiertamente y como la inmensa mayoría del partido las acató sin mucho convencimiento. A Fabra, acotar los casos en los que un cargo debía dimitir, le generó todo tipo de problemas. Tuvo contestación interna (tanto en Valencia, como en Madrid) y hubo varios amagos de rebelión en sus filas, cierto es, que liderados por los afectados por esas líneas rojas. El expresidente mantenía que ante la situación heredada (llegó a tener once imputados en el grupo parlamentario) no tenía más remedio que aplicar la mano dura.

La situación que vive ahora Bonig guarda paralelismos con aquella época. El caso Taula, con la detención de la plana mayor del PP provincial, generó tal situación de alarma que Bonig tuvo que salir a la palestra con la misma receta que Fabra: mano dura caiga quien caiga. A los días, casi medio centenar de cargos (concejales y asesores) del cap i casal desfilaban por las dependencias de la UCO para declarar como imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Bonig, que no podía dar marcha atrás, mantuvo su doctrina. El caso salpicó al poco a la exalcaldesa Rita Barberá (con quien estaba muy unida) y ahora amenaza con enterrar la carrera política de uno de sus tres apoyos territoriales, el barón provincial de Valencia.

Como le ocurrió a Fabra, a Bonig ya le están saliendo detractores. Los primeros; los concejales de Valencia, que se rebelaron contra la decisión del partido de sacarlos del grupo. Ambas partes se han dado una tregua que formalmente acaba el próximo lunes, cuando debe levantarse el secreto del sumario.

Pero no sólo los exdirigentes del cap i casal están en contra de usar la guillotina cuando alguien queda manchado por la imputación. Ayer, el propio Betoret titubeó ante la doctrina oficial, pero sobre todo quedó clara la oposición de su mano derecha en el partido, el veterano Vicente Ferrer. «Si cuando el sumario se haga público se evidencia que los concejales tienen la inmensa posibilidad de ser inocentes me parecería ridículo pedirles el acta», indicó ayer el secretario general del PP de Valencia en alusión a la pieza que afecta los ediles. Un cuestionamiento sin paliativos a la postura de Bonig.

Desde la calle Quart se restó ayer importancia a la posición de Ferrer, a quien se considera sin ningún peso en la provincia ya que acaba de aterrizar en el partido tras casi años en el Congreso. Betoret lo llamó para que le echara un cable en esta época de transición hacia los congresos con la tranquilidad de que no le haría sombra. Sin embargo, el papel de segundo plano que Ferrer tenía reservado podría dar un giro radical si finalmente Betoret tiene que echarse a un lado. Tomaría, aunque fuera de forma provisional, las riendas de la organización.

La reflexión de que Bonig debería rectificar y mover la línea roja se empieza a escuchar con cierta intensidad en algunos sectores del partido. Hasta la propia lideresa parece ya cansada de que los suyos vayan cayendo, mientras que, se queja, la presión es menor cuando los casos afectan a la izquierda. Sin embargo, de Bonig tiran con fuerza los otros barones provinciales, especialmente el de Alicante. José Císcar, y su mano derecha, la secretaria general, Eva Otiz, quienes mantienen un discurso sin fisuras respecto a cómo actuar en estos casos. Defienden que las líneas rojas no tienen marcha atrás, aunque su aplicación genere injusticias.

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