Los presidentes de las diputaciones de Castelló y Alicante, Javier Moliner, y César Sánchez, respectivamente cerraron ayer filas en torno a las líneas rojas de la lideresa del PPCV, Isabel Bonig, dispuesta a pedir al responsable del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, un paso atrás si es citado a declarar como imputado en el caso Taula. Moliner, responsable del PP en la provincia de Castelló y Sánchez, el único dirigente con poder institucional en Alicante, evitaron ayer opinar sobre la situación política de Betoret, que ha quedado salpicado por la investigación del caso Imelsa y podría ser llamado a declarar. Moliner y Sánchez, que ayer comparecieron junto a Bonig en una rueda de prensa para hablar del decreto aprobado por el Consell sobre la diputaciones, rehuyeron pronunciarse, aunque sí dejaron claro que respaldarán a Bonig en las medidas disciplinarias.

La posición de la calle Quart de que aquellos investigados por corrupción deben dejar sus responsabilidades en el partido y el escaño una vez levantado el secreto de sumario ha abierto una brecha en el partido. Se originó en el cap i casal hace semanas (los concejales cuestionan que tengan que dejar el acta) y el pasado jueves se extendió a la provincia cuando el propio Betoret evitó asumirlas en una rueda de prensa. Su mano derecha, el nuevo secretario provincial, Vicente Ferrer, mostró públicamente su desacuerdo y llegó a tildar de ridículo» que se pida el acta a todos los concejales cuando se levante el secreto de sumario sin antes estudiar caso a caso.

Moliner indicó que las líneas rojas de Bonig tienen su total respaldo. Del mismo modo, el jefe de la diputación de Alicante apostilló que las tres provincias están unidas en torno a Bonig: «El PPCV sólo tiene una líder y esa es Bonig», manifestó. Sánchez se escudó en que carecía de cargo orgánico en Alicante para pronunciarse sobre Betoret. Con todo, la posición de mano dura de la provincia dirigida por José Císcar es la que menos aristas presenta. El barón provincial está convencido que sólo apartando a las personas salpicadas será posible la renovación del proyecto.

Por su parte, la presidenta del PPCV pidió prudencia y responsabilidad respecto a Betoret. «No me gusta hablar de líneas, porque nosotros aplicamos los Estatutos», indicó. Ahora bien distinguió entre cuestiones administrativas y presuntos casos de corrupción. La lideresa no quiso adelantar acontecimientos porque existe un secreto de sumario. «Aquí de momento no hay ni pruebas, sino lo que dice una persona que está implicada, en referencia al exgerente de Imelsa Marcos Benavent. «Nos parece muy bien que colabore con la justicia, que tire de la manta, pero que aporte pruebas», reclamó. «Si la Justicia cita a una persona será por que habrá un mínimo de pruebas», apostilló. «Se tomarán las medidas que correspondan», indicó al tiempo que descartó que el Betoret vaya a enrocarse: «Es una persona de partido».

Sobre las declaraciones de Vicente Ferrer recalcó el PP es es un partido libre y cada uno manifiesta y opina lo que considera. Aprovechó también para denunciar que «hay otros partidos que también están teniendo investigados y ni los apartan, ni se les pregunta todos los días».