La «investigación» de los 48 miembros del PP por blanqueo de capitales se apoya, básicamente, en las declaraciones de cuatro asesores que se negaron a ingresar los mil euros y recuperarlos en metálico. Ninguno está imputado, pero su declaración consta en el sumario abierto ayer, donde se habla de «gritos» de Carmen García-Fuster, de fajos de billetes de 500 euros y de amenazas.

La más precisa en su relato fue P. I., que entregó un documento personal en el que había plasmado toda su peripecia con la idea, luego no ejecutada, de llevarlo al notario. En ese documento, que obra en el sumario, la asesora explica que Carmen García-Fuster, tras reunirse con los concejales, le pidió que realizara una transferencia de 1.000 euros a la cuenta del partido y luego pasara por su despacho para que le fuera devuelto en efectivo. «La condición es que nunca ingresáramos este dinero en el banco», explica.

Ella, sin embargo, no lo vio claro, creía que era blanqueo de dinero, y tras hablar con otros asesores de su despacho, dijo que tenía «problemas económicos» y no podía dar ese dinero, a lo que García-Fuster respondió recordándole que «precisamente, no tenía un mal sueldo» y ofreciéndose incluso a darle el dinero ella misma. Como no la convenció, «me pidió nerviosa que abandonara su despacho diciéndome: ?no pasa nada, lárgate, en esto se sabe quien está y quien no, espero que entiendas lo que estas haciendo?, y así lo entendí en referencia a mi futuro laboral», explica.

Al no participar en la operación, P. I. confiesa que no pudo comprobar en persona la devolución del dinero, pero explica que su compañero Luis Salom, imputado en la causa, le «enseñó en la vía pública los dos billetes de 500 euros que le habían devuelto». Al parecer, le dijo que «no sabía cómo gastarlos» y que probablemente iría al Corte Inglés para «comprar algo muy caro y luego devolverlo» para «limpiar» ese dinero. «Me ha comunicado (Salom) que hay fajos de billetes de 500 en el Grupo Municipal Popular», apostilla.

Los otros asesores fueron más parcos en su declaraciones. N. D. asegura que ella vio blanqueo de dinero y se negó, pero declara que el concejal Vicente Aleixandre le «manifestó un día que acababa de recoger 1.000 euros del grupo» y que había sido «el primero» en recogerlos.

Por su parte, M. A. M. asegura que no lo denunció a Rita Barberá porque «creía que las propuestas de García-Fuster tenían el beneplácito» de la alcaldesa. Y J. G. precisa que lo amenazaron con dejarlo «en la calle», como «así fue». Nunca antes le habían pedido una cantidad así salvo cuando hicieron una colecta para pagar guardaespaldas para los compañeros del País Vasco amenazados por ETA, relata.

Finalmente, hay otro testimonio inculpatorio de una asesora que dio y recuperó el dinero y está imputada. Se trata de M. E. R., que sospechaba que había «algo raro» por «la actitud imperativa de García-Fuster», pero que «no era consciente de que podía tratarse de un delito».

Según dice, pensó incluso en devolver los dos billetes de 500 euros, pero finalmente no lo hizo y lo gasto «en cosas habituales».