La semana que acaba deja dos revueltas internas en el PP de consecuencias imprevisibles, la de los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por la operación Taula contra la dirección regional que dirige Isabel Bonig y la del sector renovador del PP nacional, que abre una grieta en el liderazgo de Mariano Rajoy y que tiene a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como detonador.
El PP, el partido que durante años ha sido un balsa de aceite para sus principales dirigentes, amparados por un poder que parecía indestructible, se ha convertido a día de hoy en una olla a presión.
Las dos insurrecciones son consecuencia de los presuntos casos de corrupción en la Comunitat Valenciana. La primera de las revueltas supone una auténtica prueba de fuego para el interinaje de Isabel Bonig, aún pendiente de legitimarse al frente del partido en un congreso extraordinario sin fecha; y la segunda encierra un mensaje en clave interna, el que envía el sector más joven del partido que considera que el tiempo político de algunos dirigentes, como el de la senadora Rita Barberá, ha pasado.
Es también un recado al propio presidente del partido, Mariano Rajoy, -sobre el que empiezan a surgir voces críticas ante la imposibilidad de repetir en el Gobierno- y al que ven tibio ante Barberá. El propio Rajoy dijo el miércoles que si no actuó antes en el PP de Valencia era porque no tenía ni idea de lo que ocurría, pese a que existen dudas sobre la presunta financiación ilegal de los populares valencianos desde hace una década.
Mientras, el desafío de los concejales de Valencia investigados junto a todo el equipo de Barberá en el ayuntamiento por supuesto blanqueo de capitales para financiar campañas electorales ha provocado la respuesta de Bonig en forma de ultimátum. Este lunes se reúne el comité de Derechos y Garantías regional que preside el diputado Alfredo Castelló para decidir cuánto tiempo da de plazo a los concejales que se niegan a entregar el acta, una vez se les ha solicitado ya por escrito. La mayoría de los nueve investigados se resiste, como Bonig comprobó el miércoles, aunque la dirección regional confía en que alguno abandone el pulso.
El del ayuntamiento es, de momento, el mayor incendio que tiene el PPCV. Pero no es el único. En breve puede activarse otro en las Corts con la probable imputación de los diputados Vicente Betoret y Miguel Domínguez. El primero, integrante durante años del círculo mas cercano a Alfonso Rus, evitó en su declaración del pasado 10 de marzo ante los medios respaldar la línea roja de Bonig -quien tiene previsto apartarlo en cuanto lo imputen y se abra el secreto de sumario de la operación Taula- pese a que se trata de uno de los dirigentes del partido como líder provincial. Betoret ha asegurado que hará lo mejor para el partido, pero aunque podría dejar la presidencia provincial parece que se aferraría al escaño en las Corts.
Domínguez sí ha anunciado ya que no tiene intención de abandonar el escaño si el juzgado 18 de Valencia le imputa como parece que ocurrirá una vez ha solicitado a las Corts que certifique su condición de diputado. No entregará el acta, por lo que el PP perdería el primer diputado de la legislatura.
Las voces críticas de Génova
Como reacción a lo ocurrido en Valencia, el cisma abierto en el PP nacional se hizo notorio el martes. El propio Rajoy aplaudió por la mañana la decisión de Barberá de declarar voluntariamente ante el juez y lo consideró «un paso adelante», justo cuando sus más jóvenes portavoces, Fernando Martínez-Maíllo, Pablo Casado, Javier Maroto o Andrea Levy, arremetían contra las declaraciones de Barberá tras semanas en las que ellos mismos han presionado públicamente para que abandone el Senado, mientras Rajoy y la secretaria general, Dolores de Cospedal, reivindicaban la presunción de inocencia de la exalcaldesa de Valencia. El anuncio esa misma tarde de que el PP nacional abría expediente informativo a la senadora y los investigados se interpretó como un triunfo del sector joven, el que cree que Barberá está amortizada políticamente y no debería seguir.
Pero hay fuentes populares que creen que esa división es aparente e incluso buscada por el propio Rajoy para justificarse ante Barberá, una de las dirigentes con las que históricamente ha tenido mejor relación.
La exalcaldesa asumió con resignación el expediente, que contemplan los estatutos y que se inició para averiguar qué ha pasado, según dijo, aunque horas antes del anuncio presionó a Génova para evitar su apertura, como revelaron mensajes en los que su antigua ahijada política, Isabel Bonig -por la que dio la cara ante Génova el pasado verano para convertirla en lideresa- no sale muy bien parada y en los que deja una frase con gran trasfondo: «Lo que me ha pasado, le puede pasar a cualquiera».
Por sus declaraciones, Bonig piensa lo mismo que los jóvenes en el PP, que la corrupción es totalmente incompatible con la regeneración que predica y el tiempo nuevo que quiere abrir. Ella misma aseguraba recientemente al ser preguntada sobre el futuro de Barberá que hay otra generación «dispuesta a dar un paso al frente», todo un mensaje a la exalcaldesa, de la que se ha separado desde que estalló la operación Taula.
