El complicado momento que vive la política española con el difícil e inédito equilibrio que tiene que mantener un Congreso constituido tras las elecciones legislativas de diciembre y un Gobierno en funciones tiene consecuencias funestas para los asuntos clave de la agenda valenciana. El Gobierno de Mariano Rajoy no se siente legitimado para dar cuentas ante un Poder Legislativo surgido de una legislatura diferente a la que otorgó la confianza al Ejecutivo del PP y ministros y presidente eluden su control, un conflicto que amenaza incluso con acabar en el Tribunal Constitucional. Mientras, la crisis abierta en las últimas semanas entre dos de los tres poderes del Estado también tiene consecuencias para los intereses valencianos. La primera es la imposibilidad de que un Gobierno en funciones aborde el gran problema valenciano, la reforma del financiación.
La más relevante es la paralización de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, cuya admisión a trámite se aprobó en la anterior legislatura, pero que tendrá que volver a debatirse en el Congreso cuando las Corts elijan de nuevo a sus ponentes para defender la toma en consideración. La petición del Parlamento valenciano de incluir en el estatuto una disposición adicional que adecúe las inversiones al peso poblacional lleva cinco años de retrasos y se remonta a 2011. En el primer pleno de la nueva legislatura, el asunto ya quedó fuera del orden del día.
Sanción de la Unión Europea
El Gobierno también tiene pendiente dar respuesta en la comisión de Hacienda del Congreso a una solicitud del grupo socialista de comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para informar sobre la sanción de 18,9 millones impuesta por la Unión Europea al Consell del PP por ocultación del déficit y respecto a la repercusión que tendrá la sanción para el nuevo ejecutivo.
Cobro de intereses del rescate
Otras de las cuestiones planteadas al Gobierno y que de momento no tiene respuesta es la del cobro de intereses a la Generalitat derivados del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el Consell estima para el año 2016 en unos 250 millones de euros. El diputado de Compromís Ignasi Candela ha preguntado al Gobierno sobre esa cuestión, de gran importancia para las frágiles arcas autonómicas.
Refugiados y cortes en Cercanías
También tiene pendiente de contestar el Gobierno la consulta del diputado de Compromís Enric Bataller sobre los obstáculos que impiden un acuerdo de cooperación para el traslado humanitario de refugiados desde la periferia del Mar Egeo a la Comunitat Valenciana, una cuestión que el Consell tiene entre sus prioridades. La también diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha reclamado información al Gobierno sobre el corte del servicio de cercanías entre Castelló y Valencia para completar las obras del tercer carril del AVE. Sobre la línea C-6 entre Valencia y Castelló también hay pendiente una proposición no de ley del PSOE.
Recursos contra la corrupción
También tiene que dar respuesta el Gobierno en funciones de Rajoy a preguntas planteadas por diferentes grupos políticos, como la presentada por los siete diputados valencianos del PSOE para que el Gobierno conteste en qué se han concretado los esfuerzos de investigación por parte del Ministerio del Interior en la lucha contra la corrupción en la Comunitat Valenciana y qué efectivos, inversiones u otros recursos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha movilizado en la Comunitat Valenciana desde 2012 a 2015 para la lucha contra la corrupción.
Además, PSOE y Compromís han Solicitado la creación de una comisión permanente auditar la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales sobre ello.
