La Generalitat Valenciana ha impuesto penalizaciones por alrededor de 200.000 euros a la empresa Avialsa T-35 desde el pasado mes de agosto y hasta la actualidad por "pequeños incumplimientos", según ha explicado hoy el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de las Corts Valencianes.

Ángel ha comparecido a petición del grupo socialista para explicar los contratos firmados entre la extinta Conselleria de Gobernación y la empresa que presta servicios destinados a la extinción de incendios forestales, después de que el que fuera conseller de Gobernación Serafín Castellano fuera investigado -antes imputado- por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios.

José María Ángel ha señalado que en todos los concursos públicos abiertos que se han publicado "se ha presentado siempre una única empresa y siempre la misma", Avialsa. El director general ha detallado que para el período 1999-2001 se adjudicó el servicio de aviones para prevención y extinción de incendios por 6.931.253 euros y se prorrogó para 2002 y 2003 por 5.077.421 euros.

Posteriormente, para 2004-2005, se adjudicó por 6.615.510 euros, a los que se sumaron otros 6.746.844 euros para la prórroga de 2006 y 2007; y para los años 2008 y 2009 se adjudicó por 11.172.035 euros y se prorrogó los dos primeros meses de 2010 por 341.769 euros. Entre marzo de 2010 y febrero de 2014 se adjudicó por 22.657.852 euros y, finalmente, se prorrogó entre el 1 de marzo de 2014 y el 29 de febrero de 2016 por 11.607.844 euros.

El director general ha indicado que no puede valorar varios aspectos de estas contrataciones que "nos han perturbado la gestión" porque los expedientes de licitación se encuentran en el juzgado, que los requirió en 2015, y la Generalitat no se quedó copia.

En cualquier caso, considera que no ha existido "concurrencia" en la licitación, lo que ve "anómalo y extraño" y, por este motivo, ha indicado que presentaron un informe detallado al respecto ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También ha denunciado que ha habido "opacidad".

José María Ángel ha explicado que están estudiando el sector, los precios reales del mercado y las posibilidades de contratación para realizar una nueva adjudicación, "cumpliendo rigurosamente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia".

No obstante, ha subrayado que los de este tipo son "expedientes muy complejos de hacer", por lo que se deben hacer las cosas "sosegadamente, prudentemente y con todo el ejercicio de la transparencia". "Las prisas son siempre malas consejeras", ha manifestado.

En esta misma línea, ha resaltado que "el mercado ha cambiado mucho" y considera que se deben analizar varios aspectos, como la posibilidad de trabajar con drones o emplear el aeropuerto de Castelló para las emergencias, entre otros.

Por su parte, la socialista Ana Barceló, durante su intervención, ha resaltado que es "una imagen poco edificante y poco ética que alguien a quien le tienes que adjudicar contratos se fuera de cacería en unos momentos en los que veíamos prórroga tras prórroga". Por ello, ha dicho que "más allá de la investigación de los juzgados queremos saber hasta dónde llegan las responsabilidades políticas en la gestión de la contratación".

Asimismo, el diputado de Compromís Juan Ponce ha advertido de que el coste del contrato de extinción de incendios "se triplicó entre 2007 y 2010" y, además, ha denunciado "sobrecostes de 20, 18 y 55 millones en los costes totales de prevención y extinción de incendios.

"Contrato de tapadillo"

La parlamentaria del PP Verónica Marcos, por su parte, ha subrayado que "si hay algún tipo de contrato en este momento no ha sido con luz y taquígrafos, como hasta ahora, y no se ha habido licitación pública". En este sentido, ha preguntado: "¿Qué es más transparente, hacer un contrato público como el que hemos visto o estar sin contrato o con un contrato de tapadillo?".

Desde Podemos, Antonio Estañ ha lamentado que "tristemente ha sido habitual la forma que tenían ciertas empresas de relacionarse con el sector público en calidad de cartel o de monopolio". Mientras que el diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha preguntado a Ángel por qué no se inició el proceso de licitación para el momento en que finalizase el contrato con Avialsa y si ha llegado a estar la Comunitat Valenciana sin servicio de medios aéreos.

"Respuesta eficiente y suficiente"

"La Generalitat en estos momentos tiene una respuesta eficiente y suficiente en la respuesta de las emergencias de incendios", ha subrayado José María en su segunda intervención, quien ha insistido en que la Comunitat Valenciana "no ha estado en la indefensión".

Por otro lado, ha denunciado que "algunas relaciones con los trabajadores" de empresas que trabajan con la administración "dejan mucho que desear", y ha resaltado que hay que "exigir" que se cumplan sus derechos. También ha abogado por "mejorar los protocolos" para que exista "una perfecta sintonía y coordinación en la respuesta del siglo XXI".