Un total de 22.000 jóvenes valencianos se han visto obligados a exiliarse al extranjero para buscar "un futuro mejor", lo que conlleva la pérdida de población activa y que se deje de aportar al sistema público unos 8.000 millones de euros en diez años, "dos veces el presupuesto de Educación en 2015".

"En diez años se puede perder el doble si este ritmo de exilio de la población juvenil continúa", ha explicado hoy el presidente del Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana, David Latorre, en la comisión de Política Social de las Corts Valencianes, donde ha expuesto el contenido del informe Juventud Necesaria.

Latorre ha destacado del documento que el 57 % de los jóvenes valencianos tiene un bajo nivel formativo (sin estudios o estudios primarios), mientras que el 63 % de los jóvenes desempleados tienen estudios primarios, cifra que supone el 20 % en los jóvenes con formación superior, casi el doble de la media europea.

Además, ha destacado que los recortes en políticas educativas han dejado a un cuarto de la población joven sin opciones de estudiar ni trabajar y que, cuando se logra acceder al mercado de trabajo, se encuentran con "precariedad y mucha inestabilidad".

Ha explicado que el paro juvenil alcanza el 60 % en los menores de 25 años, mientras que el 92,8 % de los contratos hechos a jóvenes eran temporales, lo que impide desarrollar un proyecto de vida dado que no se conoce el futuro inmediato.

Latorre ha explicado que seis de cada diez jóvenes valencianos desempeñan un trabajo inferior a su formación, que un tercio de la población juvenil necesitaría otras condiciones de empleo para desarrollar su proyecto personal, que el 45 % de la población juvenil está en el umbral de pobreza, y que más de un tercio de los jóvenes que trabajan está en riego de exclusión social.

Ante esta situación, ha planteado varias propuestas del Consell de la Juventud, como la necesidad urgente de un pacto por la educación, el incremento de la inversión en esta materia, la flexibilización del sistema educativo para introducir a las personas con bajo nivel formativo para capacitarlas, y el impulso de programas de segunda oportunidad.

Otras propuestas son replantear el modelo de inserción social de los jóvenes, con asesoramiento continuo, un plan de lucha contra la precariedad juvenil, y una mejora del empleo y de las condiciones de vida para sacar al 35 % de la población joven asalariada de la pobreza.

Latorre ha reclamado, además, una "verdadera apuesta" por el acceso a la vivienda y la recuperación de la renta básica de emancipación, todo ello para lograr reducir el exilio juvenil y mejorar la sostenibilidad del sistema de bienestar, "porque apoyar a la juventud hoy es pensar en el presente y el futuro de toda la sociedad".

"Estamos bastante perjudicados y necesitamos ya de una acción y unas medidas para que, dentro de un tiempo, estos informes no tengan ni que plantearse", ha reivindicado el presidente del Consell de la Juventut, quien ha reclamado también que haya una comisión de Juventud en las Corts, donde este organismo pueda tener voz.

Respecto a la futura ley autonómica de Juventud, ha mostrado su deseo de que los jóvenes se impliquen en ese proceso y que exista un compromiso político para que se pueda desarrollar, y ha defendido la necesidad de medidas como las líneas de financiación para los gastos estables de las entidades juveniles.