Los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por blanqueo de capitales en el transcurso de la operación Taula se aferran a los estatutos nacionales del partido para justificar su resistencia a dejar el acta, tal como les ha reclamado por escrito la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig. Aducen que el reglamento interno no ampara la entrega de actas sin que haya apertura del juicio oral en los casos de imputación por temas de corrupción. Alfonso Novo, quien se ha erigido como portavoz del resto, volvió a reiterar esta postura el pasado miércoles en declaraciones a los medios de comunicación. «Quien lo haya pedido [la entrega de actas] deberá explicarlo», añadía Novo oficializando el pulso con Bonig 24 horas después de que ésta les enviara la carta instándoles a dejar el grupo popular.
Ahora bien, el régimen disciplinario recogido en los estatutos nacionales es mucho más amplio que el apartado en el que se describe el proceso de apertura de expediente disciplinario por asuntos relacionados por la corrupción. La norma recoge hasta once supuestos que podrían dar lugar a infracciones muy graves que pueden saldarse con la expulsión del partido, la única vía legal que tiene el PPCV para obligar a los ediles a dejar grupo popular y convertirse en concejales no adscritos.
Al menos tres de los supuestos recogidos como infracciones muy graves podrían servir de base al órgano disciplinario (el comité nacional de Derechos y Garantías ha tomado el mando) para decidir la expulsión de al menos uno de ellos, precisamente al que está actuando como cabecilla del grupo: Alfonso Novo.
Novo, sucesor de Rita Barberá en el Ayuntamiento, es quien más complicada situación tiene de los nueve. Es, de momento, el único al que el partido suspendió de militancia cuando estalló el caso Taula, para apartarlo de la portavocía del grupo y de la presidencia local del partido. A pesar de estar sin carné de partido, Novo no ha pasado a un discreto segundo plano y en los últimos días ha cuestionado en público las decisiones de Bonig, algo que no está siendo bien visto por la cúpula regional.
Tres artículos para la sanción
Tres artículos de los estatutos podrían, llegado el caso, invocarse por los órganos del partido para sostener que los ediles merece sanción. Así, el apartado d) recoge los casos de «manifiesta deslealtad al Partido, entendida ésta como todo acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del Partido». Por su parte, la letra e) habla de «desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación del Partido».
Por último, el apartado f) prevé sanciones graves ante toda «manifestación o declaración hecha con publicidad, que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido, o de los grupos Institucionales del mismo».
La figura de la desobediencia podría salpicar a todos los ediles investigados ya que la dirección regional sostiene que existía un compromiso público de dejar el acta si una vez levantado el secreto de sumario de la pieza de blanqueo de capitales seguían imputados. Ahora bien, ellos, en boca de Novo, sostienen que la interpretación hecha por el PPCV no se ajusta a la realidad. El desafío público de Novo a Bonig teniendo en cuenta de que el concejal está suspendido de militancia podría ser más grave. En sus declaraciones del viernes, Novo cuestionó abiertamente que la presidenta enviara la misiva: «No tienen ninguna razón de ser», dijo. El enfrentamiento con los órganos del partido es claro.
La vía de la expulsión por contravenir públicamente a la cúpula directiva ya se exploró en su día con Rafael Blasco a quien Alberto Fabra exigía el escaño por su implicación en escándalos de corrupción. Unas declaraciones del exconseller en una televisión local indicando que no dimitiría y acusando a la Abogacía de la Generalitat de seguir instrucciones políticas fueron suficientes para la expulsión exprés del PP.
Aunque el expediente informativo será instruido en Madrid, fuentes del PP regional aseguran que la coordinación con Génova es absoluta. La decisión tendrá en cuenta también la posición del PPCV. Bonig sabe que la situación del grupo es una prueba de fuego para su liderazgo.
