Acció Cultural del País Valencià (ACPV) defendió ayer la necesidad de una ley de igualdad lingüística ante la petición de que el juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm ha hecho al abogado Francisco Manuel Escortell para que tradujera su demanda al castellano y así agilizar trámites.
Según expresó la asociación en un comunicado, este caso de «discriminación lingüística en el ámbito judicial demuestra la necesidad de una ley de igualdad lingüística» que ponga garantías y evite situaciones similares.
ACPV denuncia que los valencianohablantes se encuentran en una situación de desprotección, como el abogado Escortell, que «a pesar de todas las gestiones realizadas sólo ha conseguido que no se le obligue a presentar la documentación en castellano, pero no que se dirijan a él en valenciano, lengua cooficial».
«Vulneración de los derechos»
Por su parte, Escola Valenciana también reaccionó a la noticia con una nota de su presidente, Vicent Moreno, en la que defiende la necesidad de introducir el requisito lingüístico en la función pública a raíz de lo que considera un caso de «vulneración de los derechos lingüísticos» en la Administración de Justicia de Benidorm.
Vicent Moreno cree que la respuesta en la que se ofrecía al abogado que presentara en tres días la traducción al castellano de su demanda «vulnera el derecho de la ciudadanía a ejercer el derecho básico de los valencianos a hablar en su lengua, y evidencia que la introducción del requisito lingüístico favorecerá la normalización en el ámbito público y evitará la discriminación por lengua». Moreno recuerda que los valencianohablantes están «protegidos por el Estatut d´Autonomia».
