Extremadura ha puesto límites a que los altos cargos de esa comunidad puedan optar a oposiciones en el plazo de dos años desde que abandonan su puesto en la Administración. Además ha legislado para que los tribunales que deciden sobre las oposiciones sean nombrados por sorteo entre personas que reúnan las condiciones para tomar parte. Con ello se trata de evitar que los miembros del Gobierno puedan presentarse a oposiciones que ellos mismos hayan convocado o desarrollado en su anterior función. El objetivo último es asegurar mecanismos de trasparencia en el acceso a la función pública. levante-emv valencia
