Los 406 juzgados valencianos, que sólo cuentan con una funcionaria para la traducción y el asesoramiento lingüístico en valenciano como desveló ayer Levante-EMV, triplican este servicio unipersonal cuando se refiere a otros idiomas. Hay una persona que traduce exclusivamente del francés, otra que traduce del inglés y otra que traduce del alemán, repartidas por los órganos judiciales valencianos.

Sorprende el hecho de que en los juzgados de Benidorm, donde al abogado que presentó una demanda en valenciano le pidieron que aportara la traducción en castellano si quería evitar atrasos en su procedimiento, no hay traductor de valenciano. En cambio, sí que hay una persona que traduce del alemán y otra que convierte textos al inglés. La traductora del francés „que atiende principalmente a la población procedente del magreb„ se ubica en la Ciudad de la Justicia de Valencia, igual que la encargada del valenciano.

Todos estos trabajadores forman parte de la plantilla de la Conselleria de Justicia, que ha anunciado su intención de ampliar el servicio de traducción en valenciano para el año 2017. Se desplegarán lingüistas en Castelló, Elx, Alicante y se reforzará el servicio de Valencia. El objetivo es aumentar el uso del valenciano en el ámbito de la Justicia.

Objeciones desde Estrasburgo

No sólo es voluntad de la Generalitat. El Consejo de Europa ha remitido a España un informe, fechado en Estrasburgo el pasado 20 de enero, en el que insta a la adopción de distintas medidas dirigidas al respeto de las lenguas minoritarias y el cumplimiento de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias.

En ese documento, la comisión de expertos afirma que ha sido informada de que «los empleados judiciales, incluidos los jueces y fiscales, no están obligados a tener un conocimiento del valenciano, hecho que significa que la gente que quiere usar la lengua propia tiene que confiar en la buena voluntad del funcionario o en una traducción. El uso del valenciano en los tribunales „continúa el informe del Consejo de Europa„ no está asegurado y tiene que ser solicitado por los ciudadanos cada vez, hecho que constituye un obstáculo importante para el uso normal de la lengua en los tribunales».

De la información recopilada, los expertos del Consejo de Europa refieren que «si una de las partes opta por el valenciano en sus documentos, los tribunales, a priori, no plantean problemas, pero que en el 99 % de los casos los tribunales escriben todas las resoluciones de los dos procedimientos y las dos acciones en castellano».

En sus recomendaciones a España, el Comité de Ministros del Consejo Europeo insta a «modificar el marco jurídico para dejar claro que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas en Valencia llevarán a cabo los procedimientos en valenciano, a petición de una de las partes». También conmina a que se tomen las «medidas necesarias» para garantizar, que las partes «estén informadas específicamente de la obligación de las autoridades judiciales en Valencia para llevar a cabo los procedimientos en valenciano si una de las partes lo solicita, de conformidad con los compromisos contraídos por España».

Finalmente, el Consejo de Europa reclama adoptar «las medidas necesarias para aumentar la proporción de personal judicial en Valencia, en todos los niveles y en particular entre los jueces y fiscales, que sean competentes en el uso del valenciano como lengua de trabajo en los tribunales».

Según la última encuesta de la carrera judicial, sólo el 12 % de los jueces de la Comunitat Valenciana asegura que tiene dificultad en el uso del valenciano.