El ex presidente de la Generalitat Francisco Camps achaca la nueva tanda de citaciones a testigos en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la Fórmula 1 a una campaña de la «coalición entre socialistas y separatistas» con la que «justificar el cambio de gobierno y avalar su actual política». Son los términos que utiliza el ex jefe del Consell en el último recurso de reforma que ha presentado ante el juzgado, firmado por él mismo como letrado, para pedir el archivo de la causa y que se anulen las citaciones a 18 nuevos testigos.

Unas nuevas declaraciones que Camps considera «inútiles e innecesarias» por varios motivos. La primera razón que arguye es que estas mismas citaciones ya fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre y rechazadas por el Juzgado de Instrucción número 2. El segundo motivo esgrimido para evitar el nuevo «paseíllo» de testigos es que «todos son miembros del consejo de administración de la sociedad pública Circuito del Motor de la Comunitat Valenciana SAU» cuyas actas y documentación, aportadas por Camps, reflejan que las decisiones sobre la F-1 «fueron tomadas de manera colegiada, por unanimidad, con debate y presentación de las mismas, por lo que lo único que pueden hacer es corroborar lo que ellos mismos han validado con su presencia personal, o por delegación, y con su firma en las reuniones del consejo».

Por tanto, en opinión de Camps «traer a testigos que corroboren el contenido de actas que nadie discute, contraviene ni tacha de falsas, dudosas o contrarias a la legalidad vigente es, cuanto menos, inútil e innecesario y contrario al principio de economía del proceso, a la mínima intervención y la presunción de inocencia».

De ahí que para el ex presidente de la Generalitat sólo se explican las nuevas declaraciones en «justificar el alargamiento de la causa por motivos ajenos a la instrucción» y «contribuir a la desestabilización y crítica injustificada e ilegítimamente judicializada en vía penal de aquellas acciones de gobierno perfecta y legalmente adoptadas conforme a derecho», señala en referencia a las decisiones adoptadas bajo su presidencia.

El ex jefe del Consell también defiende que la investigación realizada sobre la gestión de la F-1 «hasta el 19 de julio de 2011» [un día antes de dimitir como presidente] demuestra que «el relato de los hechos que sustenta el Fiscal [Anticorrupción] no se sostiene ni ha sido constatado por los testigos que han declarado hasta ahora; que todos los actos y decisiones están bajo la atenta aplicación de la ley en toda su extensión; que ningún órgano de fiscalización jurídica, económica y contable de la administración autonómica ha puesto objeción al proceso investigado» y que el contrato de prórroga de la F-1 que él firmó antes de dimitir «no entró en vigor, no tiene aval, no ha tenido efecto y nadie pretendió soslayar ningún procedimiento previsto en la ley».