La abrumadora cantidad de casos de corrupción que ofrece la actualidad diaria, muchos de ellos con epicentro en la Comunitat Valenciana, ha obligado al nuevo Consell a poner en marcha mecanismos que mejoren la eficacia en el control del dinero público. Sin embargo no existen sistemas de protección por parte de la Administración valenciana para proteger a quien denuncie un posible caso de corrupción.
El grupo parlamentario socialista en las Corts ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los empleados públicos y también a los de empresas privadas ante posibles represalias que puedan sufrir por denunciar acciones ilegales. En la propuesta, presentada por el portavoz adjunto del PSPV, José Muñoz, se reclama al Consell la puesta en funcionamiento de los instrumentos y también el inicio de las modificaciones legislativas necesarias para la protección de los denunciantes ante prácticas corruptas e ilegales.
Garantizar el anonimato
Se trata de poner en marcha una legislación de protección al estilo de la que ya funciona en numerosos países de nuestro entorno. En la norma que van a presentar los socialistas en las Corts se reclama también que la Administración garantice el anonimato del denunciante.
También proponen el impulso de campañas y actividades educativas para incrementar la concienciación y también la creación de un sistema de evaluación periódico de la eficacia de ese marco de protección.
Costes personales y laborales
Los socialistas recuerdan que la denuncia de las prácticas corruptas a las que puedan tener acceso es una obligación ciudadana, pero admiten que esa denuncia puede suponer costes personales, sociales y laborales al delator, por lo que cumplir con la obligación ciudadana requiere muchas veces gran dosis de valentía por las represalias aparejadas.
En la proposición, los socialistas señalan que la Administración tiene que incentivar la delación ante casos de corrupción que puedan conocer los empleados públicos o privados, los conocedores de primera mano de las prácticas reprochables. En ese punto recuerdan que para evitar que el temor a denunciar impida atajar de manera temprana situaciones corruptas, muchos países de nuestro entorno han habilitado mecanismos de protección de las personas denunciantes de prácticas corruptas.
Adecuar las normativas
De hecho, el grupo de trabajo Anticorrupción del G-20 ya encargó en su momento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la redacción de un informe que recogía la necesidad de que los países adecuaran sus normativas en esta cuestión. Según el PSPV, las malas prácticas que han empañado la imagen de este territorio hacen aún más urgente la puesta en marcha de acciones que permitan levantar la «hipoteca reputacional» de la Comunitat Valenciana y transmitir la imagen de un territorio donde prime la ética.
