El juez que investiga el caso Taula ha rechazado la personación en la pieza que investiga el presunto blanqueo de capitales, cometido supuestamente por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, del partido Unión Cívica Española-Partido por la Paz, reconciliación y progreso de España (UCESP). El partido, de ideología ultra (se muestra a favor del aborto, promueve la unidad de España y critica «el problema catalán»), presentó una denuncia contra la ex alcaldesa y actual senadora en el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que se inhibió en favor del de Valencia.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia rechaza, sin embargo, la personación en la causa de este partido, así como las diligencias de investigación solicitadas en la denuncia que presentaron en Zaragoza.
Entre otros motivos, el magistrado alega para rechazar la personación Unión Cívica Española por la «incocreción fáctica de la denuncia, en términos que hace incomprensible la imputación precisa de los hechos y el cumplimiento de los requisitos de identidad delictiva o conexidad, susceptibles de investigación en un sólo proceso».
El juez añade además que ni la pieza principal del caso Taula, ni la separada del blanqueo de capitales «no se instruye imputación alguna a la denunciada Rita Barberá Nolla, que es senadora, por la sencilla razón de que este juzgado carece de competencia objetiva en virtud de aforamiento» de la ex alcaldesa. De hecho, el juzgado tiene pendiente enviar la causa al Tribunal Supremo para que decida si investiga a Barberá, al igual que al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que decida lo mismo respecto al diputado y exconcejal Miquel Domínguez.
Por lo tanto, el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia decide en un auto, dictado el pasado miércoles, «la inhibición [del juzgado de Zaragoza] a los meros efectos de su constancia de su presentación». Pero rechaza tramitarla «por tratarse de una mera concatenación confusa de parcial referencia a hechos objeto de investigación en esta causa, que ya está en curso, sin que la denuncia [de Unión Cívica Española] aporte conocimiento de nuevos hechos relevantes».
La decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia no es firme y puede recurrirse en tres días ante el mismo juez o ante la Audiencia de Valencia en otro plazo de cinco días más.
En el caso Taula hay ya 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales cometidos por una presunta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana que se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
En la pieza separada, con 47 personas imputadas más del Partido Popular de Valencia, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones que éstos realizaron al partido para supuestamente blanquear un dinero de presunta procedencia ilícita.
