El decreto de eventuales aprobado por el Ejecutivo de Ximo Puig y que elimina el requisito de titulación para nombrar asesores omitió el informe preceptivo del Consell Jurídic Consultiu (CJC). Y no lo sostiene solamente el PP valenciano que ha llevado al Ejecutivo a los tribunales al entender que esta orden vulnera la legalidad ya que, entre otras cuestiones, permite que personal sin titulación cobre como si la tuviera por sus funciones de asesoramiento. El propio organismo jurídico que dirige Vicente Garrido denuncia que el Consell obvió su consejo, saltándose la ley.
Tal como avanzó en su día Levante-EMV, la nueva regulación de los eventuales aprobada por el Consell, que limita a 74 el número máximo de contratados, no ha estado exenta de conflicto. Para el Consell encaja perfectamente con el ordenamiento jurídico, mientras que para el grupo popular existen varías anomalías, entre ellas, formales, ya que el Ejecutivo dio el visto bueno al decreto sin consultar al Jurídico Consultiu. Al margen del fondo de la controversia, el procedimiento judicial sí ha desvelado que los populares tienen razón que el trámite no fue correcto. Un mes después de que el decreto fuera publicado en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, en octubre de 2015, Garrido envió un escrito al presidente de la Generalitat en el que le pone en su conocimiento que el decreto de 185/2015 elaborado por la Conselleria de Justicia y Administraciones fue aprobado «sin el previo y preceptivo dictamen de este Consell».
En la misiva, el Jurídico recuerda al presidente que el artículo 10.4 de la Ley de Creación del organismo jurídico deja claro que debe ser consultado preceptivamente «en el caso de proyectos de reglamento o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de sus leyes y sus modificaciones», un supuesto, especificó el CJC «que entiende el pleno de este órgano que se produce».
Garrido recuerda que el reglamento del CJC establece que «cuando el despacho de algún asunto se hubiera omitido indebidamente la audiencia al Consell, su presidente lo significará a quien corresponde y, en todo caso, al presidente de la Generalitat, para que éste lo haga saber a la autoridad competente».
La respuesta de la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo, no se hizo esperar. Al día siguiente en que el escrito de Garrido llegara a Presidencia, la consellera respondía al CJC que, en su opinión, no se había vulnerado ningún trámite. «Esta conselleria „indica„ discrepa del su criterio». Bravo alega que, a diferencia de lo que sostiene el CJC, el decreto se limita a fijar una serie de número máximo de eventuales y no se trata de una disposición de carácter general.
Como en 2003
Sostiene la conselleria que el decreto se dicta en ejercicio por la Generalitat de la potestad de organización de sus instituciones, según, asegura, consta en el informe de la Abogacía. Bravo además indica que el mismo criterio se siguió en la tramitación del decreto sobre eventuales 1995 y otro posterior sobre retribuciones en 2003.
El decreto de asesores, que tal como contó este diario también generó tensiones internas en el bipartito, es el primer encontronazo remarcable entre el CJC y el nuevo Consell.
En asuntos claves como el recurso contra la infrafinanciación, el Ejecutivo de Puig se ha encontrado con el respaldo de un Jurídico que aún no ha sido renovado y que tiene como integrante con voz pero sin voto al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.
