"Inadmisible, inaceptable e inaguantable". Así ha definido esta mañana el presidente de la asociación de agricultores Ava-Asaja, Cristóbal Aguado, la situación que viven los agricultores valencianos tras un aumento del 30% de los robos en 2016 que supone pérdidas de más de 23 millones de euros. Junto al secretario general de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel y el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, Cirilo Arnandis, Aguado explicó, negro sobre blanco, que el sistema para evitar el robo masivo y continuado en los campo valencianos "no funciona". Ni con la tan esperada reforma del Código Penal que llevaban 25 años esperando.
El problema, lejos de ir a menos, va a más. A la falta de endurecimiento en las penas, se suma la ausencia de denuncias de los afectados -que pierden su tiempo y su dinero sin ver resultados, y están "cansados" de denunciar "para nada"; la imposibilidad de "controlar" todos y cada uno de los campos; la ausencia de coordinación de las consellerias implicada y sobre todo, la "ausencia de control en los puntos de venta".
Tras años reclamando un endurecimiento de las penas y denunciando los millones de euros perdidos (se calculas unos 64.000 euros al día en robos en los campos valencianos) los agricultores han puesto hoy el punto de mira en los puntos de venta. "Si roban, es porque encuentran vendedores. Sabemos cuáles son los almacenes. La impunidad es total. Hay incluso carteles que rezan 'prohibidos los cuerpos de seguridad del Estado'. Es lamentable porque, además, algún día tendremos un problema de salud porque no existe control sanitario de estos productos", aseguraron los responsables de las tres entidades agrarias.
