La Fiscal de Gürtel dice que la trama llegó a Valencia por los contactos del 'Bigotes'

En su exposición de conclusiones, la fiscal ha situado la supuesta asociación ilícita que conformaron las empresas de Correa como "punto de partida" del resto de delitos que atribuye a los trece procesados en esta pieza separada de la rama valenciana del caso Gürtel.

A su juicio, Correa lideró con Crespo este entramado empresarial de forma "permanente y estable", con la colaboración de empleados como Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños y Álvaro Pérez.

Este entramado societario fue, según su exposición, "creado para delinquir y llegar hasta los cargos públicos que tenían papel decisorio" en las adjudicaciones de contratos públicos, como fueron las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y los cargos públicos Rafael Betoret, Isaac Vidal, Ana Grau y Jorge Guarro.

Respecto del que fue responsable jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover, la fiscal no le imputa connivencia con el resto de acusados, sino el haber dado el visto bueno a unos pliegos que "incumplían de lleno la normativa administrativa", cometiendo así prevaricación, aunque ha pedido a la sala que decida si esta actuación sobrepasa el ámbito administrativo y debe conllevar reproche penal.

En el inicio de su exposición, la fiscal ha defendido la validez de toda la prueba aportada a la causa, ha recordado que las periciales de voz han sido ratificadas por personal técnico y ha insistido en que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas "no tienen alteraciones ni incidencias" y que se mantuvo la continuidad en su custodia.

También ha considerado legal la detención de Crespo, así como las entradas y registros planteados.

La supuesta trama corrupta, ha afirmado la fiscal, se gestó en los despachos de los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, ambos investigados en otras piezas "por eso no han sido citados, porque su responsabilidad no se dilucida en este proceso".

"Correa estaba al día de todo lo que ocurría en la empresa, su autoría (de los supuestos delitos) es por dirección. Pablo Crespo era el número dos, el ejecutor y supervisor, y su autoría cabe en cualquier otro tipo".

Asimismo, la representante del ministerio público ha afirmado que "el papel de Álvaro Pérez se evidencia desde cualquiera de las grabaciones recogidas en la causa. Se le envió a Valencia, pero seguía manteniendo interlocución con Madrid".

Respecto de Isabel Jordán ha explicado que "materializó actuaciones que conllevaron irregularidades, desde dirigir ejecución de trabajos hasta presentar documentación. Ella dirigía las sociedades ubicadas en Pozuelo; podía no facturar, pero daba la información necesaria".

"La actuación de Mónica Magariños fue relevante para materializar las irregularidades que se cometieron en la adjudicación de Fitur en 2005, hay facturas con su nombre", ha agregado la fiscal.

Respecto a Cándido Herrero ha expuesto que "sustituyó a Magariños y asumió su papel, fue responsable de los movimientos económicos de Orange Market".

La trama corrupta "no accedió a los cargos públicos de forma puntual para Fitur, sino que sabían lo que tenían que hacer, como se desprende de las conversaciones telefónicas en las que se hace referencia a agasajos".

Así, la fiscal ha mencionado las reuniones previas al concurso público para el expositor valenciano de Fitur que mantuvieron desde finales de 2004 Betoret y Martínez con Pérez, a algunas de las cuales acudió incluso el diseñador de Orange Market.

También ha hecho varias menciones a la presencia de planos y documentación sobre las bases del concurso en las oficinas de las empresas de Correa, antes de que el concurso fuese público.

A los técnicos de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau la fiscal les atribuye la elaboración de unos pliegos a medida, en función de las propuestas que se hicieron llegar a la conselleria desde las empresas de Gürtel.

"Con anterioridad a que se iniciase el expediente de contratación, el grupo Correa ya tenía la información sobre el pliego de condiciones en su poder", ha apuntado la fiscal, quien ha considerado una evidencia la existencia de un error en una fórmula matemática que se hizo llegar desde las empresas de Correa a la Conselleria y que se mantuvo en la publicación definitiva del pliego.