El Síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha reivindicado que esta institución estatutaria es «un elemento fundamental para prevenir y suprimir la corrupción», pues aunque no son «policías ni jueces», siempre que han encontrado «irregularidades» las han reflejado en sus informes. Vicente Queralt hizo ayer balance de sus dieciséis años en la institución, a la que llegó procedente de la Intervención local y que ha dirigido los últimos catorce años —ha sido el síndic major más longevo de los cuatro que ha habido—, a los que pondrá fin en mayo, cuando acaba su mandato.

Insiste en que el papel de la Sindicatura es revisar las cuentas, aunque siempre que en ese proceso han encontrado algo «anómalo» lo han expuesto en sus informes, y de hecho existen una treintena de asuntos jurisdiccionales en los que habían dicho algo en sus informes, que han servido «para mucho» luego a jueces y fiscales.

En este punto, explica gráficamente que la fiscalización es como «una carrera de relevos», en la que el último testigo, el informe, se entrega «a quien luego tiene que investigar y juzgar», al órgano jurisdiccional. Nóos, Vaersa, los contratos de Radiotelevisión Valenciana y el caso Gürtel referido a Fitur y a la visita del Papa son algunos de los asuntos en los que se ha pedido el informe a la Sindicatura o su comparecencia en sede judicial, igual que el caso Cooperación, que en su sentencia alude al informe de la Sindicatura. Vicente Queralt defendió que han colaborado «al máximo con la justicia» y recordó que la normativa de la institución recoge que los documentos de trabajo únicamente los pueden entregar al juez, aunque opina que, dado el «volumen» de asuntos, quizá se debería plantear que alguien se dedicara más específicamente a este fin dentro de la Sindicatura.

«Es difícil haber hecho más. Se ha hecho todo lo que la ley nos ha exigido», aseguró el Síndic, quien considera que la labor de la institución para prevenir la corrupción es compatible con la futura Oficina Antifraude, cuyas funciones serían distintas. El síndic considera que, 31 años después de la creación del organismo, «es el momento de repensarla, para mejorar» y actualizar la ley, «con calma» y con la participación de la institución, que ha remitido sus propuestas a Les Corts. Una de las cuestiones en las que debería avanzar la ley, a juicio de Queralt, es en establecer «algún tipo de sanción o de reprimenda parlamentaria», para las entidades que no cumplan las recomendaciones de la Sindicatura.