El juez que investiga el presunto blanqueo de dinero en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia ha citado a declarar como testigo al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, marido de una de las imputadas en la macrocausa del «caso Taula», Maria José Alcón. Grau comparecerá en el juzgado el próximo 22 de abril, para responder a las preguntas de todas las partes y está obligado, como testigo, a decir la verdad.
Su citación se produce después de que la polimputada en la pieza del blanqueo y en la pieza principal que investiga las mordidas en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, aludiera a Alfonso Grau como el responsable del comité electoral del PP que aprobó la donación de 1.000 euros de todos los concejales y asesores populares. Incluso, según algunas fuentes, Grau podría ser el «recaudador» de donativos de militantes y simpatizantes al que aludió García-Fuster en su declaración y que habría reunido 245.450 euros de forma ilegal (las donaciones anónimas las prohíbe la ley de financiación de partidos) entre 2006 y 2014. Aunque otras fuentes consultadas por Levante-EMV apuntan a que el recaudador sería una persona del Partido Popular de Valencia ya fallecida.
En cualquier caso, su declaración será relevante por la doble imputación de su mujer (en la pieza principal del «caso Taula» y en la del blanqueo) a la que también podría intentar exculpar o minimizar el «daño» de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil en las que reconocía el blanqueo de capitales y la corrupción en el partido. La declaración de Grau también se produce tras la entrevista que mantuvo con el Fiscal Anticorrupción que impulsa la investigación del «caso Taula». Junto a Grau también acudirán a declarar el próximo 22 de abril el concejal Cristobal Grau y tres trabajadores del grupo municipal popular, que comparecen como imputados en la causa.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia también reclama al Ayuntamiento de Valencia la «relación completa de las personas que trabajaban en marzo de 2015 como asesores de los concejales del grupo municipal popular, de la alcaldía y la vicealcaldía en marzo de 2015», según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Igualmente, el juzgado también ha reclamado al Tribunal de Cuentas información sobre la cuenta bancaria abierta a nombre del Partido Popular de Valencia y si era «una cuenta objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia».
Por último, Instrucción 18 también ha prorrogado un mes más, como estaba previsto, el secreto del sumario de la pieza principal del «Caso Taula» que investiga mordidas en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.
