La jueza de Instrucción número 15 de Valencia ha enviado a prisión provisional sin fianza al empresario Jorge Ignacio Roca, considerado cabecilla de la trama corrupta que expolió la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, que se ha negado a declarar.
Según han informado fuentes del caso, Roca había solicitado ser puesto en libertad condicional alegando arraigo familiar, ya que tiene mujer y un hijo, aunque todas las acusaciones se han opuesto a esta pretensión y finalmente le ha sido denegada.
La de hoy ha sido la primera comparecencia ante la juez que instruye este caso, dado que Roca Samper se fugó de España en 2012, en cuanto se empezó a investigar este caso y fue detenido a finales de 2015 en Moldavia, país desde el que fue extraditado la semana pasada.
Roca Samper está imputado por malversación, falsedad y delito contra la Hacienda Pública y la instructora sospecha que giró facturas falsas a Emarsa a través de empresas interpuesta que encarecieron el coste final del servicio en más de 10 millones de euros.
Está imputado en dos piezas: la principal (por delitos de malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública) y la pieza separada número 6 en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública.
La jueza, a petición del la Fiscalía, a la que se han adherido todas las acusaciones, ha acordado prisión provisional comunicada sin fianza.
La instructora tiene en consideración la falta de arraigo y no descarta que esté "vinculado con organizaciones criminales que no solo han facilitado su vida sino que le han ayudado a estar evadido de la Justicia española" durante más de cinco años en los que ha viajado a Rumanía, Moldavia, China, Bulgaria, Malta o Andorra.
La magistrada, que recuerda que "se ha perdido el rastro del dinero defraudado", no descarta que el detenido pudiera intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.
Jorge Ignacio Roca Samper, en busca y captura desde enero de 2012, fue arrestado en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de Emarsa.
La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se suspendió tras su detención en Moldavia.
La sección primera acordó devolver la causa al Juzgado número 15 para practicar una instrucción complementaria cuando el prófugo fuera extraditado.
La extradición de Roca Samper se materializó el pasado viernes, después de que haya terminado de cumplir la condena de diez meses de prisión que le fue impuesta por la Justicia de Moldavia por un delito de falsedad documental por el que fue detenido el pasado mes de julio y juzgado en octubre.
Roca, imputado en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo desde marzo de 2011, ha estado en ignorado paradero durante toda la instrucción.
El empresario fugado, al que el juzgado del "caso Emarsa" nunca ha podido interrogar, fue arrestado durante un registro domiciliario en la localidad moldava de Corjova, haciendo uso de una identidad falsa.
Los agentes, que investigaban a un grupo de personas dedicadas a la confección de pasaportes falsos para ciudadanos extranjeros, comprobaron que quien decía ser Botnari Gheorgii Alexandre era en realidad Jorge Ignacio Roca Samper, cuya orden de busca y captura dictada por España figuraba en las bases de datos de Interpol.
Respecto a la participación de Roca en la pieza principal,la juez considera que Roca actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para "incrementar artificiosamente" el valor de los trabajos realizados.
De esta forma Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste una cifra superior a diez millones de euros más de lo que costaba el servicio que efectivamente le era prestado.
