«Pensaba que podía usar cualquiera de las dos lenguas oficiales». Esa fue la reacción de Consol Castillo, concejala de Compromís del Ayuntamiento de Valencia, cuando el tribunal de la Audiencia de Palma que está juzgando el caso Nóos le pidió que testificara en castellano. Su declaración tuvo que ser aplazada a la espera de que se buscara un intérprete, que finalmente llegó alrededor de las 14 horas.
La propia Castillo explicó que cuando le realizaron la primera pregunta en su declaración por videoconferencia respondió en valenciano y la presidenta del tribunal le pidió que hablara en castellano. Al responderle ésta que pensaba que podía testificar en su propia lengua la presidenta le respondió que «efectivamente tenía derecho, pero que no les había avisado y no tenían previsto un traductor», indicó Castillo.
Entonces, la edil de Compromís pidió que «lo tuvieran previsto para otras ocasiones» y la magistrada le ha dicho que si quería declarar en valenciano tenían que buscar un traductor»,detalló la edil. La concejala tuvo que esperar hasta las dos del mediodía a que le asignaran intérprete.
«No estoy en Cuenca»
«Declaro en Palma, no en Cuenca», espetó Castillo, quien indicó que todos los de la sala «son catalanoparlantes y me entendían perfectamente», a excepción de la letrada de Manos Limpias, quien dijo que prefería que declarara en castellano. A esta petición la concejala respondió que «prefería hacerlo en valenciano».
Aun tuvo «suerte» la concejala de Compromís ayer. Si la misma situación se hubiera dado en los juzgados de la Ciutat de la Justícia de Valencia, tal vez la espera se habría eternizado. Y es que en la actualidad solo existe una sola funcionaria encargada de las tareas de traducción y asesoramiento língüístico en valenciano para los 406 órganos judiciales de la Comunitat Valenciana, según publicó Levante-EMV el pasado mes de marzo.
La trabajadora es la responsable de la Oficina de Promoció de l´Ús del Valencià de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Cualquier demanda, resolución, sentencia o diligencia escrita en lengua propia que alguna parte afectada en el proceso desee recibir en castellano debe pasar por sus manos. No hay otras. Además, imparte voluntariamente los cursos de valenciano para el personal de Justicia que lo desee.
Según anunció el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, ya se han realizado gestiones para que en 2017 la Dirección General de Política Lingüística envíe lingüistas a la Ciudad de la Justicia de Elx, el Palacio de Justicia de Alicante y la Ciudad de la Justicia de Castelló, y refuerce el servicio unipersonal de Valencia.
El objetivo no es tanto evitar atascos cuando el valenciano es la lengua que interviene en pleitos y litigios. Puchades asegura que no hay retrasos. Desgraciadamente, según indicó, es muy bajo el índice de personas que utilizan el valenciano en los escritos judiciales y, por regla general, en menos de 48 horas suelen completarse las traducciones que la única técnica lingüística despacha.
La finalidad del próximo refuerzo es «darle la vuelta al sistema actual», basado principalmente en traducir documentos del valenciano al castellano por petición de jueces y fiscales. La intención de la Conselleria de Justicia es que los técnicos lingüísticos actúen como «dinamizadores que favorezcan el uso del valenciano y no estén sólo centrados en la traducción».
Puchades considera que «no es tanto un problema administrativo como sociológico. El valenciano es considerado como un problema y una fuente de conflicto en el ámbito de la Justicia. Y para ahorrarse cualquier problema o conflicto, muchos eligen el castellano», lamentó el número dos de Justicia. A principios de marzo el secretario autonómico envió una carta de dos páginas a todos los órganos judiciales para incentivar el uso del valenciano.
