Las presuntas irregularidades cometidas por el PP de Valencia también se extendería a la gestión de la lotería. El representante designado por el PP para responder en nombre del partido en esta causa explicó al juez y al fiscal que en el partido existen normas internas para la elaboración y comercialización de lotería: un límite de los beneficios que no pueden exceder el 20 %, la petición de permisos a Loterías del Estado y la necesidad de documentar la ubicación física de los décimos.

Una normativa de la que nadie había informado al juez ni al Fiscal Anticorrupción que investigan el presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia. Ambos decidieron ayer reclamarla a los responsables del partido para incorporarla a la causa y examinarla con detalle.

A la dirección nacional del PP no le constaba la elaboración de lotería por parte del PP de la ciudad de Valencia ni la utilización de cuentas bancarias para gestionarla. Entre ellas, la abierta por un asesor del grupo municipal popular que fue notificada por burofax a la gestora del PP de Valencia, hace apenas unas semanas y meses después de estallar el escándalo.

De esta manera, de la tres cuentas que manejaba el grupo municipal popular de Valencia, sólo una estaría fiscalizada: la que se abrió con un CIF que Hacienda facilitó al PP de Valencia para el cobro de subvenciones que llegaban desde el Ayuntamiento de Valencia y cuya fiscalización «correspondería a la intervención municipal», según explican fuentes populares. Este CIF también se habría utilizado para abrir la segunda cuenta en la que se recibieron las aportaciones de 1.000 euros y las donaciones anónimas, que no habrían estado fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.

La declaración del representante del partido cayó como un jarro de agua fría en las defensas de los concejales y asesores investigados. «Parece que el grupo municipal no exista para el partido», se lamentaban.