El Partido Popular dejó ayer a los pies de los caballos a sus concejales y asesores del grupo municipal popular de Valencia, imputados por el presunto blanqueo de capitales en la última campaña electoral. El representante de la formación, designado por la dirección de Génova para responder por la imputación del PP en la causa como persona jurídica, aseguró ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción y los letrados personados que «la directriz del partido era la de no aceptar donaciones. No se permiten donaciones durante la campaña electoral», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de la declaración.
El representante del PP también confirmó que desde el partido «no se controlaban, ni fiscalizaban las cuentas del grupo municipal popular» que eran totalmente desconocidas para la formación política, que actúa bajo un mismo CIF (código de identificación fiscal) en todo el territorio nacional. Y añadió que durante las campañas electorales se aplican «controles muy rigurosos». «En las elecciones se opera con límites: hay gastos que se abordan desde Madrid. La dirección de Génova es la que controla todo el dinero que se gasta y, si existen remanentes, se redistribuyen donde hace falta».
La contundente declaración por parte del partido, que recayó en el abogado y vocal de la gestora del PP en Valencia, Jorge Carbó, desmonta los argumentos esgrimidos hasta ahora por los responsables del grupo municipal del PP en Valencia, con el exportavoz Alfonso Novo y la secretaria Carmen García-Fuster a la cabeza. La explicación oficial que han ofrecido hasta ahora es que se decidió la donación de los 1.000 euros entre todos los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia «porque no había dinero» suficiente para la campaña electoral. Un argumento esgrimido por las defensas de los 47 imputados que choca con el funcionamiento del PP en periodo electoral, explicado ayer por el representante del partido. «Hay acciones electorales que se llevan desde Madrid y se asigna a cada región y provincia un presupuesto» cuyas direcciones ya se encargan de distribuirlo a los municipios, como el de Valencia.
Al ser preguntado por las famosas donaciones de los mil euros, fuentes conocedoras de la declaración del representante del PP explican que el representante de Génova fue contundente. «Las donaciones [de los mil euros realizadas por asesores y concejales] no llegaron jamás al partido».
Por extensión, la dirección del Partido Popular también se desentiende de las irregulares donaciones «anónimas» recibidas de forma sistemática por el grupo municipal popular desde el año 2002 hasta 2014 y que alcanzarían los 317.050 euros, según el último recuento del juez Víctor Gómez, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el presunto blanqueo de capitales supuestamente cometido por el PP en el Ayuntamiento de Valencia.
Al admitir estas donaciones, la secretaria del grupo municipal popular, Carmen García Fuster, se negó a revelar su origen exacto e, incluso, la identidad de la persona que ejercía de «recaudador». Este tipo de ingresos, identificados en una cuanta bancaria opaca a cualquier fiscalización oficial se identificaban a nombre de «CyA» o «CGP». Y eran habituales en determinadas épocas. «En 2003 se recogen cinco ingresos de 11.000 euros de enero a mayo; de noviembre de 2010 a mayo de 2011 [hay] cuatro aportaciones de 29.000 euros y uno de 28.500 euros. Ambos eran años de convocatorias de elecciones municipales y autonómicas en mayo», relataba el magistrado Víctor Gómez en el escrito que elevó al Tribunal Supremo para que decida si imputa a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La única fórmula posible para que estas donaciones fueran legales, según explicó el responsable del PP, sería que se hubieran ingresado en una cuenta oficial del partido y con los donantes perfectamente identificados. De hecho, tal como establece la ley de financiación de partidos políticos desde 2007 las donaciones anónimas a las formaciones políticas no están permitidas y se impide que una misma persona, que debe estar identificada, aporte más de 50.000 euros anuales.
Todos estos presuntos incumplimiento confirmarían, según fuentes conocedoras del proceso, la opacidad con la que actuaba el Partido Popular de la ciudad de Valencia, supuestamente al margen de las directrices que marcaba el PP a nivel nacional.
Novo, presidente desde 2013
Al ser preguntado por quién era el máximo responsable del funcionamiento del PP en el Cap i Casal, el representante popular confirmó ante el juez que desde 2013, esta responsabilidad recaía en Alfonso Novo, que fue elegido presidente del PP de Valencia en el XII congreso de la ciudad celebrado en 2013.
El vocal de la gestora del PP de Valencia sólo aceptó responder a las preguntas del juez, el Fiscal Anticorrupción y la letrada del PP nacional personada en la causa. Un gesto que, según fuentes populares, demuestra que «la colaboración del partido es con la justicia».
