Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv) criticaron ayer «la visión estatista y planificadora de la enseñanza del Consell, como en los regímenes dictatoriales», y que no tiene en cuenta que la decisión sobre la escolarización de los niños «es un derecho constitucional que compete a los padres y no a la administración». De este modo, manifestaron su rechazo al «planteamiento general educativo a nivel de la Comunitat Valenciana», que lleva a cabo el conseller Vicent Marzà.

Según la agrupación de centros educativos católicos „que representa a 300 colegios valencianos„, el arreglo escolar del próximo curso «no atiende la demanda de las familias que desean escolarizar a sus hijos en centros concertados» un derecho que, aseguran, garantizan la Constitución y los tratados internacionales ratificados por España.

La Escacv también se queja de que Educación «prácticamente no ha considerado ninguna» unidad de Educación Especial de la Educación Secundaria solicitada por los centros concertados que representa, lo que considera un «agravio comparativo» ya que los institutos públicos cuentan con profesores de Pedagogía Terapéutica. «No se nos conceden los recursos necesarios y luego se nos acusa de elitismo y de no atender al alumnado con necesidades específicas en apoyo educativo», aseguraron.

También se quejaron de que a algunos centros valencianos no se les permite ofertar las vacantes en las aulas de tres años, a pesar de tener muchas solicitudes. Ante la posibilidad de funcionar con aulas mixtas en estas edades tempranas, vaticinan despidos del profesorado de esas aulas suprimidas y una reducción de horas a los profesores de apoyo. También lamentan que «no se ha concedido una sola unidad concertada nueva» de Formación Profesional.

Con todo esto, creen que conselleria de Educación «pretende un trasvase del alumnado a la enseñanza pública, vulnerando y desconociendo el derecho de los padres a escoger centros distintos de los creados por los poderes públicos».

Puig alega falta de alumnado

El Conseller de Educación, Vicent Marzà, lamentó ayer que los titulares de los centros concertados «polemicen» y realicen protestas que, en su opinión, están injustificadas. «Se han dado cuenta que para esta administración la educación no es un negocio, es un derecho de todos», aseguró.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió que el cierre de las aulas concertadas y públicas «viene exigido por una falta de alumnado» y reiteró que «todas las escuelas concertadas que actúan de acuerdo con la ley no tienen que tener ningún problema, y no lo van a tener».