El clientelismo laboral en la empresa pública Imelsa (Impulso Económico y Local SA) y las contrataciones a dedo en la Diputación de Valencia han conseguido el dudoso honor de lograr una pieza separada en el «Caso Taula», la macrocausa judicial que investiga la red de favores y mordidas en la Generalitat, la diputación y el Ayuntamiento de Valencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, levantó ayer el secreto del sumario de la pieza que investiga los contratos a dedo de los conocidos como «zombis»: un total de quince personas que cobraban de Imelsa, pero que nunca aparecieron por la empresa. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también ha indagado sobre los finiquitos pagados a ocho trabajadores de la empresa de la diputación que, como adelantó Levante-EMV, cobraron despidos improcedentes e hinchados durante el mandato de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia.

Como directores de orquesta de todas estas contrataciones presuntamente irregulares, el juez ha incluido como imputados al expresidente de la institución provincial, Alfonso Rus, y su jefe de gabinete y exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa y confidente del caso, Marcos Benavent, y dos de sus lugartenientes al frente de la empresa: el director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch Guillén y la jefa de recursos humanos, Maria Escrihuela. El juez del «Caso Taula» les imputa a todos ellos los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación. Sobre Rus y Llopis se añade, además, el de tráfico de influencias, según el auto del juez Víctor Gómez.

Aunque el levantamiento del secreto del sumario también reservaba la sorpresa de la imputación del empresario y propietario de Engloba Grupo de Comunicación, Jose Adolfo Vedri, investigado en la pieza principal, como «supuesto partícipe en la contratación fraudulenta de Óscar Pavón Puertas y Salvador Tormo Almerich». Ambos, estrechos colaboradores de Vedri en Engloba, también estarían a sueldo de Imelsa «sin que hubieran ejercido actividad laboral alguna para la empresa», según el auto judicial, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Entre los investigados también figura el jugador del Olímpic de Xàtiva y exconcejal del PP de Ontinyent, Miguel Ángel Mullor Doménech, imputado como adjudicatario de uno de estos contratos zombis. De hecho, la investigación judicial considera tanto a la empresa Engloba como al Olimpic de Xàtiva «partícipes a título lucrativo» de los delitos investigados.

Respecto a las bajas laborales bajo sospecha por los finiquitos hinchados, el juzgado citará a declarar a Honorio Estornell Canet, Frutos Biosca Mollá, Maria Jesús Aleixandre, Carmen Benavent Pascual, Julia Terol Aleixandre, Celeste García Estarlich y Rosa Bonilla Dasí, además de Enrique Montblanch, que sí ha declarado en el juzgado.