La consellera de Sanidad, Carmen Montón, tendrá sobre la mesa durante el próximo mes de junio los primeros resultados de las auditorías, tanto financieras como asistenciales, para conocer en qué momento están los cinco departamentos de salud bajo gestión privada. El objetivo es hacerse un mapa de situación sobre el que trabajar y saber en qué términos reciben asistencia el millón de personas de las cinco áreas privatizadas para «reducir arbitrariedades» y garantizar la «igualdad asistencial» en todo el sistema valenciano.
Así lo aseguró ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con la consellera y con los cinco comisionados del Consell en cada una de las áreas privatizadas. La intención del presidente es tener en 2017 una visión global del modelo Alzira sobre el que no cambia la intención política: volver a la gestión pública aunque respetando «las reglas del juego».
Puig criticó ayer nuevamente el «absoluto desastre» que, según aseguró, había reinado en los anteriores gobiernos a la hora de fiscalizar el trabajo de las concesionarias y que había sido más, a su juicio, una labor de «acompañamiento» a las empresas que de defensa de los intereses públicos.
Los primeros exámenes en calidad asistencial se han centrado en uno de los servicios que más quejas genera y por el que pasan más ciudadanos: el de urgencias. Los controles comenzaron en marzo y será en junio cuando se conozca si en estos cinco departamentos se cumplen los estándares públicos. Habrá que esperar al informe final aunque algunos de los hospitales de gestión privada como el de la Ribera o el de Manises han empezado a dar publicidad a los indicadores que, mensualmente, reciben de la propia administración y que, por ahora, darían validez a que en ciertos parámetros, como en la gestión en urgencias, se superan los estándares.
La intención de la consellera -que niega que se vinieran realizando estos controles con anterioridad frente a la posición de las empresas- es continuar estos exámenes asistenciales por otros servicios también «críticos» en la gestión hospitalaria aunque se desconoce cuáles serán los elegidos.
Al mismo tiempo y según se adelantó también ayer, en las mismas fechas concluirá la auditoría económico-financiera que la Intervención General de la Generalitat está haciendo del departamento de la Marina. La intención es que todos los departamentos en concesión pasen por el tamiz de la intervención para conocer el estado financiero actual. La tercera pata del examen a la sanidad privada lo lleva adelante la Sindicatura de Cuentas con un informe sobre el área de Manises encargado por las Cortes.
Negociaciones con DKV
Es, precisamente en esta área donde, según añadió Puig, siguen adelante las negociaciones para intentar adelantar la reversión a la gestión pública a través de la compra del 65 % de las acciones de la concesionaria, ahora en manos de la empresa DKV Seguros que ha manifestado su intención de dejar el negocio. «Seguimos dialogando con normalidad», aseguró Puig.
El president recordó que la primera reversión, en este caso sin intervención directa ya que es por finalización del contrato es la la Ribera, y ya se está trabajando para adoptar «las medidas previas para que, con la mayor normalidad, se pueda dar por finalizada».
