En este proceso de poner orden en el patio de las concesiones sanitarias, el president de la Generalitat reconoció sin embargo que tienen por delante «problemas graves» pese a que se están consiguiendo logros como ir cerrando las liquidaciones que llevaban años pendientes. Entre estos escollos Puig nombró el recurso judicial que en su día planteó la concesionaria de Manises, Sanitas, contra la última liquidación de los años 2009-2013 que cerró el anterior gobierno del PP. El saldo a favor de la Generalitat era de 181 millones de euros aunque faltaba por contabilizar los pagos pendientes a Manises, unas cuentas que para la concesionaria no eran «ajustadas a derecho», porque no se tuvo en cuenta «el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión, esto es, el contrato concesional». Con todo, la vía de la negociación sigue «abierta». De hecho, según confirmaron fuentes de la concesión, ya han mantenido «varias conversaciones con el nuevo gobierno en este sentido».
Puig recordó, además, que pese a tener los instrumentos, el Gobierno sigue sin abonar los 80 millones de euros anuales de los desplazados atendidos en la Comunitat, «más de 700 millones de euros que nos debe el Estado», recordó.
