Justicia ultima el cambio de la empresa de seguridad que vigila los juzgados

La Conselleria de Justicia ultima el cierre de la contratación de una nueva empresa de seguridad para velar por sus instalaciones, ya que la encargada hasta ahora -Ceca Seguridad S.L.- lleva meses sin pagar a sus trabajadores, quienes han interpuesto denuncias como ya contó Levante-EMV varias veces.

Todo apunta a que será Clece la empresa que se haga con la gestión y subrogará la contratación de la mayoría de trabajadores (unos 80, tres o cuatro de los cuales perderán su empleo por no cumplir los pliegos necesarios para continuar en la nueva empresa), en un acuerdo que se cerrará hoy, previsiblemente y que se hará efectivo mañana.

Ceca, la hasta ahora responsable de la vigilancia en las instalaciones que dependen de la Conselleria de Justicia, adeuda a los trabajadores cuatro meses -en algunos casos cinco- de 2016 y octubre de 2015, lo que hace que la situación sea insostenible para muchas familias, según apunta la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO-CV, que ha interpuesto varias denuncias. En total, debe unos 400.000 euros en sueldos, sobre los 5.000 a cada trabajador. Ceca ha cobrado 600.000 euros del Fondo de Liquidez Autonómica en los últimos meses y a pesar de ello ha mantenido los impagos a sus empleados. Además, adeuda otros 400.000 euros a la Seguridad Social.

Además, USO también denuncia que Ceca ha estado «alargando plazos» e impidiendo que la conselleria pudiera encontrar una solución para los trabajadores. Según afirman, llegó a torpedear una licitación que se publicó en el Diari Oficial de la C. Valenciana el pasado mes de abril, por el que se ofrecían los servicios por casi 10 millones de euros; y a finales de diciembre de 2015 realizó una solicitud para entrar en un concurso de acreedores voluntario, pero sin facilitar la documentación necesaria para que el proceso judicial puediera iniciarse.

Antonio Duarte, representante de USO, considera que la conselleria «ha estado a la altura» y agradece la buena voluntad de la nueva concesionaria. Acusan al anterior Consell de contratar «empresas piratas» a las que adjudicaba «por el precio más bajo sin ver la calidad».