Que el ayuntamiento de Valencia no es partidario de la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no es ningún secreto, pero la ciudad tiene uno y el equipo de gobierno ha visitado las instalaciones para ver exactamente en qué condiciones se encuentran los internos y las instalaciones. "No nos gustan los CIE, pero estamos en la UE y sometidos a esta norma así que al respecto poco más podemos decir" ha asegurado el alcalde Joan Ribó.

El ayuntamiento sí tiene competencias en materia de salubridad, y a ese respecto, Ribó ha asegurado que las instalaciones sí cumplen con la normativa y que se deberían ampliar las instalaciones ya que "hay una evidente privación de libertad para gente que no ha cometido ningún delito". Que el ayuntamiento tenga las competencias más que restrictivas no significa, sin embargo, que "no vayamos a controlar lo que pasa aquí a nivel sanitario y sigamos pidiendo que están instalaciones respeten los derechos humanos, y la forma de hacerlo es evidente que no es con centros como este".

El concejal Roberto Jaramillo, por su parte, ha recalcado tras la visita que "nadie que conozca las instalaciones o haga una visita como la que acabamos de hacer apoye la existencia de estos centros, porque aquí hay personas que no han cometido ningún delito, otras que tampoco vana ser deportadas y que a estas personas se les priva de sus derechos, en algunos casos, hasta 60 días". "La experiencia ha sido muy dura porque la situación es la de una cárcel, se alega que por motivos de seguridad pero aquí hay personas que no conocen el idioma, no pueden defenderse y solo por eso, ya se vulneran sus derechos".

Para controlar el CIE, el ayuntamiento está viendo cuáles son sus competencias exactamente porque "debe cumplir una serie de requisitos" y si se da el caso "realizaremos las inspecciones que haga falta".

La concejala Isabel Lozano ha recalcado que, aunque el número de mujeres es reducido (hoy había tres) cuentan con un espacio muy realizado y que se han preocupado por "garantizar los derechos a las posibles víctimas de trata de personas, así como conocer el procedimiento para los que necesiten tramitar la solicitud de asilo o desconocen el idioma".

Para la responsable de Sanidad y Salud en el ayuntamiento, Maite Girau, aunque "no se han encontrado objecciones a las condiciones de salubridad de las personas que hay internadas" será necesario "ampliar, por ejemplo, el espacio reservado para la relaciones familiares" tras lamentar "la política del PP con las personas migrantes".