El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, entró ayer en acción, criticando con dureza el mal uso de las redes sociales que realizan algunos cargos públicos. Un mensaje lanzado en Alicante pocos días después de que el alcalde del PSPV, Gabriel Echávarri, y su portavoz de Compromís se enzarzaran públicamente en Twitter a raíz de la libertad comercial en la ciudad. Alcaraz, que ayer convocó a los medios en Alicante para explicar el Código de Buen Gobierno que promueve la Generalitat y donde se apuesta por un uso responsable de las redes sociales, fue más allá al valorar la utilidad que le dan hoy los políticos a sus perfiles personales: «Un cargo público que no hace un uso responsable de las redes sociales no debe serlo, forman parte del espacio público». «Igual que a un concejal, un alcalde, un diputado o a un conseller no se le ocurre insultar a nadie, hacer comentarios improcedentes o plantear públicamente discrepancias, el cargo público debe entender que las redes sociales son un espacio público, como si gritara en una plaza pública», añadió el conseller.
Es decir, el conseller de Transparencia no sólo no bendice el intercambio público de mensajes, sino que censura el espectáculo que se ofrece en las redes. «Los políticos no debemos escandalizar a los ciudadanos», apuntó ayer Alcaraz, quien sin embargo preguntado por el enfrentamiento tuitero admitió que «todos» los políticos pueden «tener un mal día». Eso sí, cuestionó la reiteración de conflictos de determinados cargos públicos en las redes sociales. «Si pensamos que como uno escribe en soledad nadie lo lee, estamos haciendo un flaco servicio a la democracia», apuntó el titular de Transparencia, que aprovechó la presentación en Alicante del Código de Buen Gobierno para «pedir moderación» a los cargos públicos de la Comunitat Valenciana para poder así «recuperar el viejo principio de la responsabilidad política».
Íntegras y transparentes
Al margen del conflicto en las redes sociales, Alcaraz defendió la importancia del Código de Buen Gobierno, asegurando que será un «cortafuegos a los abusos que se han realizado en las instituciones valencianas». Acompañado por la secretaria autonómica Zulima Pérez y de la directora general Aitana Mas, el titular de Transparencia subrayó ayer que el código incluye normas de conducta de obligado cumplimiento para los miembros del Consell, así como para los altos cargos de la Generalitat. Pero no se quedará ahí, sino que se ofrecerá también a otras entidades para que voluntariamente lo suscriban.
