El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado a declarar al considerado como el cerebro del saqueo de Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, los próximos 2 y 6 de junio. Roca Samper está en prisión tras ser extraditado desde Moldavia el pasado 15 de abril tras permanecer varios años fugado. Comparecerá en el juzgado para «responder por las dos piezas del Caso Emarsa en el que está imputado: la principal por los delitos de malversación, falsedad y contra la Hacienda Pública) y la pieza separada número 6 en la que está imputado por un delito contra la Hacienda Pública», según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ésta será la primera vez que Roca Samper responda en el juzgado por su participación en el saqueo de la depuradora de Pinedo, ya que al ser puesto a disposición judicial tras ser extraditado desde Moldavia se negó a declar. Su declaración podría dar un vuelco a la instrucción del caso, si admite los hechos. Respecto a los delitos que se le imputan, el juzgado considera que «Roca emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros». Sobre estas presuntos delitos se le interrogará el próximo 2 de junio.

Sobre la pieza principal la jueza considera que «Roca actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para "incrementar artificiosamente" el valor de los trabajos realizados». El 6 de junio será cuando deba responder por estos hechos.

Jorge Ignacio Roca Samper ha estado en busca y captura desde enero de 2012 hasta que fue detenido en Moldavia el pasado mes de junio. Tras su detención se decidió suspender el juicio por el saqueo de Emarsa contra los «24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa)», según el TSJCV.