Los nuevos gestores de Divalterra, la empresa pública de la diputación están convencidos de que es posible levantar la hipoteca reputacional que pesa como una losa sobre la antigua Imelsa. De los 730 empleados de la firma, 550 son brigadistas y ahí está el grueso del clientelismo que durante décadas ha campado a sus anchas en esta firma.

Desde que los nuevos gestores de PSPV y Compromís asumieron las competencias el pasado verano, 24 trabajadores, todos ellos en nómina sin ni siquiera acudir a trabajar, han sido despedidos. Pero no habrá más. La plantilla ya esta dimensionada, defiende al gerente nombrada por Compromís, Agustina Brines

Dos son los compromisos que esta mañana han explicitado los dos cogerentes, Brines y el socialista Víctor Sahuquillo: La devolución de la dignidad a la empresa pública y la transparencia absoluta en la gestión.