Los nuevos gestores de la empresa pública de la diputación de Valencia, Divalterra, están convencidos de que es posible levantar la hipoteca reputacional que pesa como una losa sobre la antigua Imelsa. De los 730 empleados de la firma, 550 son brigadistas y entre ellos está el grueso del clientelismo que durante décadas ha campado a sus anchas en la firma pública, cuyos máximos responsables rinden cuentas ante el juez.
Desde que los nuevos gestores de PSPV y Compromís asumieron las competencias el pasado verano, 24 empleados, todos ellos en nómina, pero que ni siquiera acudían a trabajar, han sido despedidos. Pero no habrá más bajas.
La plantilla ya esta dimensionada, según defiende la gerente nombrada por Compromís, Agustina Brines. En la empresa sostienen que el enchufismo no tiene recorrido judicial porque en la práctica totalidad de los casos está prescrito, aunque la empresa Imelsa, nacida en 1987, solo haya hecho un concurso público más o menos legal en una ocasión, allá por 1998 hace casi 20 años. De hecho, sólo tres o cuatro de los 730 empleados habrían superado un examen de acceso, admiten fuentes de la empresa pública.
Además, la antigua Imelsa no se puede desmantelar, ni encomendarse a un ERE porque la red clientelar montada durante años a la sombra de Alfonso Rus también tiene sus derechos laborales.
En esa situación, los gerentes de Divalterra, la propia Brines y el socialista Víctor Sahuquillo, buscan dar un giro radical a la gestión, que expurgue sus pecados del pasado, salvo los que están en sede judicial y que afectan básicamente a quien fue su anterior gerente el arrepentido Marcos Benavent.
Sahuquillo y Brines abogaron ayer por recuperar «la dignidad» de la empresa y que la ciudadanía la considere útil y eficaz. «Imelsa ya murió y está en los tribunales, se puede salir del caos, se puede ser honrado y digno», asegura el cogerente Sahuquillo.
Racionalización de las brigadas
En ese camino, la firma prepara un plan de profesionalización de las brigadas forestales, un cambio de imagen y un estudio de racionalización de los trabajos que realizan las distintas brigadas. En la práctica es como dar una segunda oportunidad a todo el personal y quien demuestre que puede ser útil se quedará y se les dará la formación adecuada, señalan.
La nueva Divalterra tampoco quiere ajustar ya más cuentas con el pasado. Sólo mira al futuro. Eso sí, ha decidido abandonar su centro de operaciones en Quesa por la inoperatividad que supone la lejanía de esta localidad por lo que la nueva sede se situará más cerca de la ciudad de Valencia.
