El Centro Penitenciario que el ministerio del Interior tiene previsto construir en Siete Aguas continúa con las obras paralizadas por segundo año consecutivo pese al anuncio del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, de que los trabajos se retomarían en abril de 2016.
La prisión «Levante II» fue adjudicada en 2010 por 86 millones de euros más IVA con un plazo de ejecución de 45 meses con finalización prevista en diciembre de 2013. A día de hoy acumula ya dos años y medio de retraso y su terminación se aplaza, por el momento, a finales de 2018 con un coste real de 130 millones de euros provocado en parte por los retrasos.
Apenas tres vehículos, vigilantes contratados por la constructora Sacyr para proteger la propiedad, permanecen inmóviles en el interior del recinto sin que se observen preparativos para el arranque de las obras.
En 2015 no hubo apenas movimiento en las obras para las que se habían presupuestado 18,4 millones. El pasado agosto, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Juan Carlos Moragues anunció que las obras se retomarían en abril y que finalizarían en el cuarto trimestre de 2018.
Según la última planificación presupuestaria para el centro penitenciario, en este año 2016 se debían invertir 14,3 millones de euros; 45,1 millones en 2017 y 55,4 millones en 2018 para concluir definitivamente las obras.
Por el momento solo los accesos a la prisión se encuentran prácticamente concluidos, aunque sin conexión directa con la A-3 y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias ha adquirido un pozo a menos de un kilómetro del centro para garantizar el suministro de agua.
Tras el vallado provisional del recinto se aprecia el esqueleto de algunos módulos a los que faltan por añadir las paredes y todo el equipamiento. Según el proyecto original, las paredes de la prisión se harán empleando hasta tres tipos de paneles prefabricados de hormigón visto.
El eterno inacabado
Las obras del Centro Penitenciario «Levante II» fueron adjudicadas en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero a Sacyr (obra civil) e Indra (seguridad) por unos 100 millones de euros con IVA. En 2011, el plan de austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 prolongó su finalización hasta 2016. Finalmente el Gobierno de Mariano Rajoy lo situó en torno a 2018.
La futura cárcel de Siete Aguas está diseñada para albergar 1.200 reclusos en 1.008 celdas distribuidos en diez módulos residenciales, cuatro módulos polivalentes y cuatro de mujeres, más 186 celdas para usos diversos que se situarían en otros módulos distintos.
Según aseguró el delegado del Gobierno Juan Carlos Moragues, se prevé que genere 853 empleos durante la construcción y 897 más cuando el centro entre en funcionamiento, entre funcionarios, trabajos auxiliares y contratas de mantenimiento. Además, Moragues destaca que la cárcel de Siete Aguas generará 30 millones de euros a la comarca de actividad económica inducida.
La cárcel de Siete Aguas, una vez finalizada, será la sexta en la Comunitat Valenciana tras las de Castellón I, Albocàsser, Foncalent, Villena y Picassent.
