«Por primera vez» en la historia reciente de la Comunitat Valenciana, según señalaron desde la generalitat, se ha puesto negro sobre blanco las perspectivas y las condiciones laborales por las que se regirán los empleados públicos de la administración valenciana durante los próximos cuatro años.
Un pacto de legislatura entre el Consell y los sindicatos que garantiza la paz social en vísperas de elecciones y a la espera de la redacción de la futura ley de Función Pública.
El pacto recoge una serie de mejoras para estos empleados a través de las cuales se pretende «recuperar la reputación del sector público y los funcionarios», según explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras la rúbrica del acuerdo. «No se trata de firmar cheques en blanco, sino de superar diferentes estadios». Para el jefe del Consell, el convenio también supone «el renacimiento de nuestra tierra» y pone de relieve «la necesidad de una financiación adecuada», añadió.
Entre las medidas recogidas en el pacto y que han satisfecho a los sindicatos (excepto al CSIF, que se abstuvo «por la falta de concreción de las medidas») se encuentra la devolución del 50 % de la paga extra eliminada en 2012. Parte del dinero que se acaba de recibir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) va para pagar estas nóminas atrasadas.
Calendario
También se recoge un calendario de aplicación de las medidas consensuadas en un extenso listado que afecta a materias como la negociación colectiva, las ofertas de empleo público (garantizadas para los tres próximos años y cuya planificación se publicará durante el primer semestre), los planes de igualdad, los permisos de parternidad y otras cuestiones como la lucha contra la violencia machista, la acción sindical o la formación de funcionarios.
Uno de los aspectos peliagudos que se intentó consensuar en el acuerdo, el requisito lingüístico del valenciano propuesto por Intersindical, se ha quedado fuera, y será tratado durante la redacción de la futura ley de Función Pública. Los sindicatos calificaron de positiva «la voluntad de diálogo» y el «esfuerzo» de la administración de Puig por mejorar las condiciones laborales que se habían visto afectadas con los recortes efectuados en los últimos años bajo el pretexto de la crisis.
