El exgerente de Avialsa T-35 SL y denunciante del «caso Avialsa», Francisco Alandí, confirmó ayer ante el Juez de Instrucción número 2 de Sagunt la batería de regalos con las que la empresa regaba a políticos y funcionarios públicos para «tenerlos contentos». Entre los agraciados por los presentes, estaba el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra (condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública) y su compañera sentimental y exvicepresidenta de la institución provincial, Esther Pallardó, a quienes Avialsa enviaba jamones y cajas de vino por Navidad. Era la particular manera de dar las gracias del propietario de Avialsa T-35 SL, Vicente Huerta, a Fabra por mediar para que la empresa impulsora de un parque eólico en Viver trasladara la línea eléctrica de los aerogeneradores que afectaban a la pista de despegue del aeródromo de Avialsa en Viver, según la declaración del exgerente ante el juzgado de Sagunt.

A cambio de este favor, Avialsa también cedió un terreno a la Diputación de Castelló para la construcción de un helipuerto y un barranco para «el traslado de las líneas eléctricas», según confirmaron fuentes conocedoras de la declaración a Levante-EMV.

Otro agraciado por los agasajos de Huerta fue el funcionario de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, Salvador Alepuz, a quien Avialsa obsequió un Volkswagen Golf, sesiones de «spa» en la Calderona y hasta un tratamiento de adelgazamiento, según la declaración realizada ayer por Alandí. Aunque otras fuentes explican a este periódico que el funcionario ha podido acreditar con justificantes ante el juzgado que se pagó las sesiones de «spa». Alepuz también está imputado en esta causa por cohecho, prevaricación, negociación y actividad prohibida a funcionario público y falsedad en documento público. Alepuz fue destituido por el Ministerio de Fomento de forma fulminante como director de la delegación valenciana de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), tres días después de que Levante-EMV publicara que hizo negocios con la presunta trama de intereses económicos y políticos que orbitaba en torno a Vicente Huerta y al exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano.

Huerta estaría interesado en tener contento a Alepuz, según la declaración del exgerente de Avialsa, para lograr un trato de favor del entonces jefe de Aviación Civil que decidía sobre los certificados de aeronavegabilidad de los aviones y se encargaba de homologar a las empresas autorizadas para pasar las inspecciones, a través de las CAMO, las ITV de la aviación civil. Alepuz concedió una de estas CAMO a Aviarq, firma propiedad de Avialsa. El funcionario también compartió intereses empresariales en la empresa Aviarq, en la que coincidió con Vicente Huerta, el exgerente Alandí, y el exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, entre otros. El exjefe de Aviación Civil también intervino en otra empresa de construcción y desarrollo de parques eólicos llamada Nova Osmond, controlada por el exteniente de alcalde de Quartell Emilio Máñez, que fue administradorde esta empresa hasta 2011.