El Consell de la Generalitat Valenciana dio luz verde ayer a un decreto ley por el que pretende abordar una modificación sustancial de la ley de Residuos que permita al Gobierno valenciano asumir las competencias municipales en residuos cuando aparezcan conflictos que hagan inviable su gestión.
La modificación afecta también al régimen jurídico de la empresa Vaersa, que queda designada como la mercantil que ejecutará las disposiciones aprobadas por la Generalitat en situaciones de conflicto como las que se plantean.
El decreto ley contempla medidas urgentes «que garanticen» la correcta gestión de los residuos municipales mediante la modificación de los artículos que regulan las competencias municipales, las de la Generalitat y la tramitación de los proyectos de gestión.
Una vez aprobado el decreto ley, que tras su aprobación en el pleno será remitido inmediatamente a las Corts Valencianes, el Consell podrá intervenir «de inmediato» en sustitución de la entidad local o el consorcio «cuando se produzcan situaciones con posibilidad de afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población en general».
El pasado 27 de abril, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, ya lo advertía en la reunión constitutiva del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, donde se concentran buena parte de los problemas en la gestión de residuos de la Comunitat Valenciana: «no haremos ninguna instalación contra la voluntad de la gente, pero haremos instalaciones sí o sí», advirtió.
Fuentes del Gobierno valenciano subrayaron que son las entidades locales a través de los consorcios constituidos, «los encargados de llevar a cabo la correcta gestión de los residuos municipales», pero la realidad es que existen zonas del territorio de la Comunitat Valenciana que, generalmente por disputas sobre dónde se tienen que construir las plantas de tratamiento y vertederos, «aún no disponen de proyectos de gestión aprobados por parte del consorcio o la entidad local correspondiente». En otras zonas, como ocurre en la Vega Baja, el consorcio ha rescindido el contrato con la UTE Cespa-Ortiz «por incumplimientos imputables al contratista», y en la que en estos momentos no existe ninguna instalación operativa ni para la transferencia, ni para la valorización y mucho menos para su eliminación (vertedero).
Finalmente, existen municipios y consorcios donde faltan instalaciones o «cuestiones técnicas graves» que impiden el funcionamiento normal de estos centros de gestión en el caso de que estén construidos.
La modificación legislativa relativa a Vaersa permitirá que la empresa pública pueda actuar, además de como medio propio de la Generalitat, como instrumental o servicio técnico de los consorcios y entidades locales que así lo decidan para poder prestar así «de manera inmediata» servicios en la gestión de residuos.
Según informó Medio Ambiente, los cambios en la normativa cuentan con el respaldo de la abogacía de la Generalitat.
