Cada vez que suena el teléfono del Consorcio de Residuos de la Vega Baja (zona A6) en la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático se produce un pequeño seísmo. Hasta enero de 2016 ni siquiera estaba constituido el consorcio que agrupa a 27 municipios en los que se generan cada año 247.000 toneladas de basura que hasta 2014 gestionaban—enterraban literalmente—un UTE formada por Cespa y el empresario Enrique Ortiz. El contrato fue cancelado por la Generalitat y desde entonces las basuras de esta comarca no tienen un destino claro. Por no haber no hay ni una planta de transferencia en la que compactar la basura antes de su transporte a plantas de triaje o vertedero, lo que encarece extraordinariamente el coste de gestión e impide su reciclaje.

La «gestión» se reduce a dictar decretos de emergencia para mandar la basura a Crevillent, clausurada por orden judicial, o a Villena y Xixona, con problemas de capacidad y donde no son bien recibidas las basuras de otros municipios. Varios pleitos cruzados dificultan la solución.

El otro «punto caliente» está en el consorcio V-5 (La Costera, la Safor, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora). Paralizado el proyecto de planta de tratamiento y vertedero de Llanera «por el rechazo social», la basura ha estado viajando hasta el vertedero de Alicante tras ser rechazada en Villena y Xixona. El consorcio busca ahora soluciones definitivas.