Ahogadas y endeudadas. Así aseguran sentirse las empresas que abastecen de tecnología sanitaria a los hospitales de la Comunitat Valenciana. Y es que, lejos de disminuir con el nuevo gobierno, los impagos de la Conselleria de Sanidad con estas mercantiles han aumentado en el último año y rozan ya, en el caso de algunas de ellas, los 10 meses.

Así lo han confirmado a este diario hasta cinco empresas de tecnología sanitaria de la Comunitat Valenciana, que acumulan casi 14 millones en impagos. «La última vez que se liquidó una cantidad importante fue en diciembre, antes de las elecciones», señalaba esta semana Alfonso, nombre figurado del gerente de una de estas empresas de tecnología sanitaria que opera en la C. Valenciana. Desde entonces «la conselleria sólo se ha limitado a abonar pequeñas facturas. Todo lo que supere los 1.000 euros está pendiente».

Para el propietario de la mercantil, el problema tiene su origen por el mal diseño de los presupuestos, «que deberían estar confeccionados conforme al gasto real de anteriores ejercicios». Hace años añade, «que no se sacan concursos para la adquisición de material, ni centralizado ni por hospitales, eso hace que haya una serie de partidas de gasto sin control. Son contratos menores y eso entra en un cajón desastre». En una situación similar se encuentran las 13 empresas que en la Comunitat Valenciana abastecen a los hospitales de prótesis de rodilla, de cadera, de hombro...

Desde la asociación que las agrupa, Proquival, cifran en 7,5 los millones que les adeuda la administración, con unos impagos que se remontan a octubre del ejercicio del año pasado.

Acudir a los tribunales es la única opción que les queda a muchas de estas empresas, que no ven con malos ojos estos pleitos con la administración.

«El juzgado condena a la Generalitat a pagarte intereses de demora, por lo que terminas sacando un margen mayor por el producto», señala Alfonso.

Eso sí, matiza, «no hay que olvidar que esos intereses salen del bolsillo de todos los valencianos». Varias empresas de Proquival también se encuentran en estos momentos batallando en los tribunales con Sanidad.

Con todo, la situación no es tan grave como la que se vivió en plena eclosión de la crisis. «Entonces llegamos a limpiar nosotros la empresa porque no teníamos ni para pagar a la señora que realizaba estas tareas. El volumen de negocio llegó a caer hasta un 40%. Nos hemos ido recuperando, pero con este volumen de impagos es impensable que podamos crecer», afirma Alfonso.

El miedo que tienen las empresas es volver a la situación de 2012. Ese año, señala el empresario, «se tocó fondo y la situación fue mejorando hasta llegar a 2016. Desde que comenzó el año, la situación está fatal».

Los empresarios también se quejan de los bajos precios a los que Sanidad compra sus productos. «La calidad últimamente les importa muy poco, solo quieren ahorrar».

La Ley de Morosidad establece un límite legal de 30 días para que la administración pague a sus proveedores. El incumplimiento obliga a la administración a pagar intereses de demora y una indemnización mínima de 40 euros por cada factura, según un cambio normativo introducido por el Ejecutivo durante el ejercicio 2013.