Escola Valenciana también ha querido «dir la seua» en el debate que se ha generado en torno a la enseñanza concertada valenciana. No obstante, la entidad valencianista va un paso más allá y se pregunta si es necesaria la existencia de los centros concertados. Desde Escola Valenciana lo tienen claro: la concertada nació como una «muleta» de la educación pública en los años 80 y debería «elegir entre el modelo público y el modelo privado», integrándose en uno de los dos y desapareciendo. Los procedimientos para que esto sea posible los deberían establecer los sindicatos, la empresa y la Administración.

En palabras de Vicent Moreno, presidente de Escola, «no tiene ningún sentido que la Administración mantenga colegios con dinero público y que estos centros funcionen como privados». Además, en un documento, la entidad afirma que en el contexto actual «de recuperación de la dignidad de la escuela pública» -que había sido «maltratada» años antes- «son muy numerosas las voces que se cuestionan el rol de la escuela concertada». También acusan a esta modalidad de enseñanza de incumplir varios artículos de la Constitución y de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. En concreto, los referidos a la libertad de enseñanza, la gratuidad de la educación y de no discriminación, así como los que hablan de la obligatoriedad de estudiar el valenciano, como lengua oficial.

Asimismo, critican el coste que supone a las familias la enseñanza concertada, basándose en un estudio del profesor Ismael Sanz. La entidad calcula que los centros concertados ganan al mes unos 81.000 euros con lo que pagan las familias (30 euros por alumno, con 30 estudiantes por clase y seis cursos). Además, la conselleria abona 3,90 euros por cada menú escolar del comedor pero no fija el precio máximo. Escola Valenciana asegura que algunos centros cobran a los padres 7 euros al día, por lo que en total ganan 10,90 euros.

Escola apuesta, como explica en el documento L'escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI, por una «educación pública y gratuita única para todos» que mantenga «respeto absoluto y una neutralidad total hacia las opciones políticas y religiosas». Por esto, piden al gobierno que surja de las elecciones del 26-J que derogue la LOMCE y el Concordato con la Santa Sede de 1851, ya que también son contrarios a que se curse religión católica en los centros y no se muestren otras creencias.