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Política

El poder fractura a los verdes

El partido Verds-Equo expulsa a siete afiliados críticos que denunciaron falta de transparencia y enchufismo en Medio Ambiente - El departamento gestionado por los ecologistas acumula ceses y descontento interno

La vida de las organizaciones ecologistas es por definición ajetreada. Las controversias internas han formado parte de la historia de los diferentes partidos verdes que, en el caso de la Comunitat Valencia, lograron por primera vez entrar en las instituciones de la mano de Compromís. El partido Verds-Equo, que se presenta a sí mismo como la «sonrisa verde» de la coalición que lidera Mónica Oltra, logró estar en la mesa negociadora del Pacto del Botànic tras las autonómicas de 2015 y hacer valer los votos aportados con una pequeña, pero estratégica cuota de poder en la Conselleria de Medio Ambiente. Sin embargo, lejos de unir, el poder ha acrecentado las divisiones internas, un estado de convulsión que afecta no sólo al partido, sino también a la Generalitat.

Al goteo de ceses de cargos del departamento que dirige Elena Cebrián se ha unido la expusión de siete militantes que a principios de año montaron una plataforma «por la transparencia y la participación democrática» para plantar cara a lo que ellos consideraban una política de «enchufismo» en la Conselleria de Medio Ambiente. Los afiliados, que llegaron a elevar sus quejas a la Mesa Federal de Equo, han sido expulsados del partido por «indisciplina» y perjudicar al partido, según confirmaron fuentes oficiales de Verds-Equo.

El origen del conflicto interno hay que buscarlo en los inicios del pacto del Botànic y, en concreto, en los nombramientos de cargos públicos y contratos laborales que correspondían a Verds-Equo. A los ecologistas les correspondía la propuesta de designación de la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, su jefe de gabinete, la secretaría autonómica de Medio Ambiente, las direcciones generales del ramo, el responsable de Vaersa y diversos asesores.

Los afiliados críticos denunciaron en su momento que las decisiones fueron adoptadas por un reducido grupo dentro de la comisión ejecutiva sin contar con un mandato previo de la Mesa de País, máximo órgano de decisión entre asambleas. Los militantes entendían que este proceso debió hacerse consultando a las bases, poniendo en marcha una comisión de estudio de currículos.

Según su relato, la comisión sólo se reunió en una ocasión y, además, estaba «viciada» en su origen porque cuatro de las seis personas que formaban parte del órgano tenían intereses en el procedimiento ya que ellos mismos o sus familiares habían aportado su currículum. Los críticos denunciaron también alteración de censos y sombras en la gestión financiera. Así, echaban en cara a la cúpula del partido que no expusieran públicamente las cuentas ni informara si los cargos públicos aportaban o no dinero al partido. La última acusación hablaba de «mobbing» a los miembros de la plataforma, una situación de acoso que se habría saldado con dimisiones de algunos responsables del partido como la diputada autonómica por Alicante, Cristina Rodríguez.

Los críticos hicieron constar toda esta retahíla de acusaciones en un documento al que ha tenido acceso este diario y en el que se adjuntaban actas y mensajes de móvil. La plataforma pedía amparo a los órganos estatales, pero han pagado caro la crítica interna. La Mesa del País ha decidido expulsarlos de la formación durante dos años al considerar que estaban «generando mal ambiente», según explicó a este diario Josep Ruiz, miembro de la ejecutiva y uno de los negociadores del Botànic. Ruiz justificó las medidas contundentes en que los afectados no habían respetado los estatutos del partido al insistir en sus críticas a pesar de que se les había escuchado en los órganos correspondientes sin que obtuvieran el respaldo de la mayía de la organización. «Fueron escuchados, pero no obtuvieron el respaldo de las asambleas y pese a ello han seguido mareando la perdiz», indicó el asesor de Compromís que aclaró que la apertura de expediente fue aprobada por unanimidad. Otras fuentes, matizaron que el diputado Juan Ponce se abstuvo.

Ruiz mantuvo que este conflicto no ha afectado al partido y destacó que estos afiliados carecían de cargos orgánicos. También minimizó su papel en la organización e indicó que prácticamente habían estado inactivos hasta que comenzaron las negociaciones del Botànic y se abrió la posibilidad de que Verds-Equo tuviera responsabilidad de gobierno y cuota de cargos. Sobre las acusaciones de enchufismo, Ruiz fue tajante: «No se forma un gobierno a base de curruculum». En la actualidad hay unos 250 afiliados al partido.

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