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Investigación

La Guardia Civil investiga a 30 colegios concertados por fraude en las nóminas

Diecisiete docentes con edades desde los 69 hasta los 83 años podrían estar cobrando salarios por clases que no imparten

La Guardia Civil investiga a 30 colegios concertados por fraude en las nóminas

La Guardia Civil investiga a 30 colegios concertados por fraude en las nóminas

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia investiga a treinta colegios concertados de la Comunitat Valenciana por un presunto fraude en el cobro de las nóminas que paga la Conselleria de Educación, según confirman a Levante-EMV fuentes jurídicas. Los investigadores sospechan que detrás de este fraude, además de otras irregularidades que se investigan en los colegios concertados como el pago de liberados patronales o el abono de más horas docentes de las estipuladas con la Conselleria de Educación, podría existe una posible financiación fraudulenta.

Las nóminas que están bajo la lupa de la investigación judicial son las de los docentes que cotizan en el régimen de la seguridad social de autónomos de los treinta centros concertados, todos ellos católicos, que mantienen a 31 maestros y profesores de 69 o más años dando clase.

Diecisiete de estos docentes que siguen en activo después de los 69 años imparten clases casi a jornada completa, que son 25 horas semanales tanto en Primaria como en Secundaria. Algo que siguen haciendo siete de ellos pese a encontrarse en una franja de edad que va desde los 75 a los 83 años. Por provincias, estos 31 casos de gran longevidad en las aulas son 17 de colegios de Valencia, 3 de Castelló y los 11 restantes de Alicante.

Precisamente este elevado nivel de jornadas lectivas en docentes con edades tan avanzadas es el que ha hecho saltar las alarmas a los investigadores, un hecho del que también se alertaba en la denuncia presentada en julio de 2014 por la entonces diputada de Compromís, Mónica Oltra.

Entre los colegios investigados existen dos tipos de centros. Los centros educativos privados financiados con fondos públicos a los que la Conselleria de Educación paga la nómina a los «empresarios autónomos». Y los autónomos religiosos que imparten clase en centros regentados por congregaciones católicas (que son mayoría entre los investigados) que cobran en sus cuentas las nóminas de estos profesores. A ninguno se les practica retención del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) porque no tributan por este concepto, acogiéndose al concordato vigente de la Santa Sede.

El problema reside en que un muestreo realizado para la denuncia detectó que algunos docentes estaban jubilados desde hace años y otros eran auténticos desconocidos para otros docentes de su centro educativo. Sin embargo, algunas de las congregaciones religiosas siguen cobrando las nóminas como si estuvieran en activo, cuando no lo están. Y es lo que quieren averiguar los agentes de la Guardia Civil. En el caso de los autónomos empresarios, el presunto fraude estaría en que los docentes septuagenarios y octagenarios acumulan cargos en la empresa además de horas lectivas que no imparten, por lo que la Conselleria de Educación habría estado pagando por horas lectivas que realmente no se prestan.

Respuesta de la conselleria

La Intervención de la Generalitat ya alertó a la Conselleria de Educación, en octubre de 2013, del «ineficiente sistema de control» de las nóminas del profesorado de la concertada que abona la conselleria mediante el pago delegado. «No es posible llevar a cabo un efectivo control mediante el que se pueda comprobar que las horas que se pagan en nómina son horas lectivas efectivamente realizadas» debido a la «insuficiente» información que aportan los centros y a que ésta no se corresponde con la contenida en el sistema de información centralizado Ítaca en internet en el que Educación controla los horarios y grupos asignados a cada docente de la enseñanza pública y la concertada.

Fuentes de la Conselleria de Educación aseguran a Levante-EMV que el departamento del conseller Vicent Marzà, además de estar personado en la causa, está «colaborando muy estrechamente con la Fiscalía». También destacan que a lo largo de este curso «se ha puesto orden en toda la información que los centros docentes sostenidos con fondos públicos deben subir a Ítaca en cuanto a horarios y nóminas del profesorado».

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