La Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Farmacia, está investigando a varias boticas de Valencia por vender presuntamente antidepresivos sin la correspondiente receta, pese a que esta clase de medicamentos solo puede dispensarse si han sido previamente recetados por un facultativo.
Los responsables de las farmacias, de comprobarse los hechos, se exponen a multas de hasta 90.000 euros ya que la dispensación de medicamentos sin prescripción médica, «cuanto ésta resulta obligada», está considerada como una falta grave.
La Dirección General de Farmacia abrió la investigación tras recibir el pasado mes de mayo la denuncia de un particular que alertaba de que un familiar, en tratamiento psiquiátrico, había estado accediendo a este tipo de medicación sin ningún control médico. Alarmado por las consecuencias que el consumo de los antidepresivos pudiera tener en su familiar -el consumo de ciertos tipos de antidepresivos puede agravar las tendencias suicidas- decidió comprobar él mismo la posibilidad de acceder a las pastillas sin mediar receta.
Con los tiques de compra
Farmacia por farmacia, logró el medicamento en una veintena de establecimientos de toda Valencia. En ninguna de ellas hicieron mención siquiera a la necesidad de contar con la receta del médico. Con los tiques de compra, presentó una denuncia ante la Conselleria de Sanidad a principios de 2014, queja que no llegó a transformarse en una investigación ya que, según lamenta, los tiques «originales» de compra de esas veinte farmacia «desaparecieron» y, con ellos, el expediente quedó muerto en la administración. A principios de este año volvió a realizar la operación -aunque asistiendo a menos farmacias- y obtuvo los mismos resultados: ningún problema para comprar antidepresivos como Seroxat 20 mg pese a que ni los necesitaba ni ningún especialista se los había recetado.
Con los nuevos tiques de compra, ha vuelto a presentar la misma denuncia ante la Dirección General de Farmacia que ha abierto una investigación. Según fuentes de la administración si se constata «fehacientemente» que se ha producido la venta se abrirá un expediente sancionador a los responsables de la boticas implicadas por cometer una «falta» administrativa, considerada grave.
Dependiendo de la intencionalidad, la cifra de negocio de la empresa, el número de personas afectadas y otros aspectos como el perjuicio causado, la infracción puede considerarse de grado mínimo, medio o máximo, lo que marcará que la sanción final se quede en la horquilla de los 30.001 a 60.000 euros o en la máxima de los 78.001 a los 90.000 euros.
Así está establecido en el artículo 114 del Real Decreto Ley 1/2015 en el que se reforma la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos de 2006. Además, las sanciones se publicarán en el diario oficial.
