La Conselleria de Transparencia apela a la «responsabilidad política» y deja el futuro político de la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella, en sus propias manos y en las de su superior, el conseller de Economía Rafa Climent.
El informe de Transparencia sobre las supuestas incompatibilidades de la número tres de Economía concluye que Cucarella «omitió» en su declaración de actividades que «tenía la condición de apoderada» de la gasolinera de Alzira que lleva una década sin ser descontaminada y cuya limpieza tendrá que asumir la propia Generalitat. Aunque el informe no puede determinar quién debe imponer sanciones cuando un alto cargo infringe este principio de transparencia.
Respecto al otro aspecto en cuestión, la normativa de incompatibilidades al ser propietaria del 12% de la empresa, Transparencia entiende que «no existe incompatibilidad aunque tenga más del 10% de la sociedad», ya que a pesar de superar dicho umbral, la incompatibilidad solo se produce «en empresas que tengan conciertos o contratos con el sector público»
«Sí que existe en principio una incompatibilidad en la condición de apoderada» que el alto cargo mantuvo hasta el pasado 24 de junio, una vez ya se había destapado la polémica. «A efectos de valorar la trascendencia de la incompatibildad cabría comprobar las actuaciones realizadas en nombre de la sociedad mercantil desde su toma de posesión», apunta el documento de Transparencia.
Transparencia recuerda que la ley 3/2015 indica que «la omisión deliberada de datos y documentos que deben ser presentados se considera una infracción grave, mientras que el incumplimiento de las normas de incompatibilidades es una infracción muy grave». Estas últimas «conllevan la destitución de los altos cargos que ocupen». El encargado de incoar un expediente sancionador e imponer sanciones es la Conselleria de Adminstración Pública.
A la vista de esta situación, y «sin perjuicio de la responsabilidad legal que en caso de incumplimiento pueda existir», Transparencia recuerda a Cucarella que su condición de alto cargo «conlleva la necesaria valoración de la responsabilidad política», atendiendo al Código de Buen Gobierno del Consell. «La legitimidad se basa no solo en el cumplimiento de la legalidad vigente sino también en criterios de confianza política». En este punto, Transparencia deja la pelota en el tejado del conseller Climent, al que «corresponde únicamente» la valoración de esos criterios.
